Rodolfo Noriega es un abogado peruano que vive en Chile desde 1995. La salida de su país de origen fue determinada por una amenaza concreta a su integridad: le dieron 24 horas para abandonarlo, según nos cuenta, por los casos que acompañaba y las denuncias que había realizado sobre crímenes de lesa humanidad “particularmente, por el caso de La Cancuta 1 y de otros casos de detenidos desaparecidos que tuvieron mucha trascendencia y por los cuales hoy día Fujimori y Montesinos pagan condena allá”.

Cuando llegó a Chile, Noriega trabajó en la construcción de una “alianza de refugiados, para generar una red de solidaridad mutua entre los pueblos, particularmente para denunciar los crímenes de lesa humanidad que existían en nuestros países y luchar en contra de la impunidad”. Esta red incluía personas de Chile, Colombia y Perú, mayoritariamente, y les permitió tejer un “fuerte lazo de solidaridad con las organizaciones populares y particularmente con las organizaciones de refugiados”. Ante el vacío institucional para la atención de la migración laboral (tanto por parte del Estado chileno como por parte de los consulados), asumen un rol de defensa de los derechos de las personas migrantes y fueron, poco a poco y de la mano con las nuevas migraciones que llegaban a Chile integrando a más nacionalidades. “Los primeros 10 o 15 años, trabajamos mayoritariamente con personas peruanas. Conformamos el comité de refugiados peruanos en Chile y, posteriormente fuimos ampliando a personas de más nacionalidades hasta que finalmente, se conformó la Coordinadora Nacional de Migrantes”.

Esta organización existe desde el año 2014, a partir de una serie de acciones conjuntas realizadas por organizaciones en Santiago, Arica e Iquique. Rodolfo Noriega asumió la Secretaría General (ahora Presidencia) de la Coordinadora durante cuatro años, cuando lo relevó en el cargo el catalán Héctor Pujols. Actualmente, la coordinadora es presidida por la venezolana Vanessa González Peña.

Durante todos estos años, Noriega ha acompañado a personas migrantes en sus procesos de regularización migratoria y defensa de sus derechos. De forma voluntaria, realiza asesorías y atiende, caso por caso, a todas las personas que se acercan a la Coordinadora Nacional de Migrantes para obtener orientación sobre los diversos tipos de atropellos y vulneraciones que sufren. Esta amplia vocación por la defensa de los derechos humanos va acompañada de un ejercicio situado de la profesión: el abogado ha vivido, en carne propia, todas las dificultades a las que se enfrenta una persona refugiada. Por esto, quisimos conocer su opinión y análisis sobre la nueva Ley de Migraciones en Chile.

La nueva Ley de Migraciones: El desperdicio de una gran oportunidad

Noriega considera que la nueva ley de migraciones “viene a desperdiciar una gran oportunidad para el país, particularmente porque no introduce una modificación sustancial a los parámetros definidos en la legislación previa, que colisionan con la realidad”.

La legislación previa fue promulgada en 1975 y se estructura, según nos explica, equilibrando los parámetros de interés nacional, por un lado, y de seguridad del Estado, por el otro, “anulando el tema de los contrapesos propios de estos parámetros, que son el tema de la responsabilidad social del Estado y el tema del estatus de defensa o mínimo de garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

“Yo planteo esto así porque [en la nueva ley] no se introducen cambios en la correlación de estos parámetros, sino más bien se refuerzan instituciones que tienen que ver específicamente con eso.” La nueva Ley de Migraciones establece que las visas de residencia deben solicitarse en el país de origen de la persona que desea migrar a Chile. “Esto ya existía” nos cuenta Noriega, “o ya existe actualmente. Lo que se hace es consolidar este mecanismo como el único.” La excusa para implementar este mecanismo es la seguridad del Estado, pero Noriega opina que hay otro tema de fondo: “si uno ve las categorías que más o menos esboza la legislación nueva, son categorías que se potencian en el sentido de pretender generar una migración de carácter selectivo desde el país de origen”. Esta selección, además, pude ser fuertemente determinada por temas socioeconómicos “es decir, favoreciendo una migración que tenga una consideración de estatus socioeconómico alta, [esto no implica] que sean millonarios, sino que sean socialmente reconocidos: grandes deportistas, grandes empresarios (o empresarios simplemente), o personas que vengan de universidades de prestigio”. Estos migrantes, entonces, pasarían a formar una categoría superior en relación a la migración laboral, por ejemplo, Noriega no descarta que el tema racial también forme parte de los factores que alimenten la exclusión.

Por otro lado, comentamos la ineficiencia de este tipo de visados [consulares], “un mecanismo que nunca ha funcionado a cabalidad en toda la legislación precedente de Chile” y que, presumiblemente, va a generar las mismas consecuencias que ya ha demostrado tener, generando “circuitos permanentes de migración irregular, además de una migración encubierta, porque las personas van a ingresar formalmente no como residentes, no como migrantes, pero igual se van a quedar acá”.

Nuevas atribuciones a la policía: definir quién entra y quién no entra al país

Otro aspecto crítico de la Nueva Ley de Migraciones es el rol que se le otorga a la policía, que viene a adquirir un carácter de autoridad migratoria de frontera. Aún antes de adquirir estas nuevas atribuciones, ya la policía en zonas fronterizas impedía el ingreso de algunas personas “como si tuvieran la autoridad para poder discernir quién entra y quién no entra, cuando eso es una facultad exclusiva del ministerio del Interior, a lo más con el concurso de Cancillería”. Esto cambia con la nueva ley, puesto que ahora “lo van a poder hacer no de manera arbitraria, sino amparados bajo una ley”.

Para Noriega, esto va “en desmedro de la responsabilidad social del Estado y del otro parámetro que tiene que ver con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Reconocimiento condicionado de los derechos humanos

A pesar de que el Estado chileno argumente reconocer los derechos de las personas migrantes, según este abogado, este es un reconocimiento parcial, puesto que es condicionado. Los derechos de las personas migrantes están por debajo de los derechos de los nacionales y para que las personas migrantes puedan gozar de los derechos establecidos, el Estado define “restricciones o regulaciones o requisitos específicos para poder gozar de ellos, es decir, son derechos condicionados”.

Por otro lado, en términos de derecho internacional humanitario hay una gran preocupación, nos dice Noriega, puesto que, por ejemplo “la institución de refugio hoy día está en riesgo, por los mecanismos que se implementan”. No es necesario ser un experto o experta en leyes para entender esta amenaza: si una persona debe huir de su país de origen, para buscar la protección de otro Estado ¿cómo podría depender su situación migratoria de una visa otorgada en el mismo país de origen?

Además de todo esto, la nueva Ley “valida la presunción de responsabilidad y la posibilidad de mantener restricción de ingreso o prohibición de ingreso a las personas que sean políticamente contrarias [al Gobierno de turno, considerándolos] como sospechosos de agitadores o de extremistas”. Otra vez, esto viene a sostener una “política de los indeseables, que está establecida en la legislación chilena desde hace muchísimos años. La nueva legislación solamente refuerza estos mecanismos, estos parámetros de seguridad e interés del Estado en desmedro de el otro, manteniendo y desarrollando el estatus quo, que podría generar una permanente migración irregular al país”.

¿Cómo reacciona la sociedad civil ante esta nueva ley?

Noriega considera que la sociedad civil chileno “no ha dimensionado, o hay un desconocimiento muy grande de lo que implica esta ley”. Esto sucede por varias razones. En primer lugar, porque muchas de las consecuencias de esta ley comenzarán a tener efecto una vez que se desarrollen en forma de reglamentos. En segundo lugar, porque “hay muchas consideraciones que parten sobre premisas sin conocer la esencia de lo que es esta nueva legislación migratoria”. En general, la población civil considera positivo que exista una nueva ley, discurso que se ha visto potenciado por “instituciones como el Servicio Jesuita a Migrantes o como la Universidad Diego Portales, que defienden a los migrantes, pero consideran positivos [algunos aspectos de la nueva ley como] establecer un servicio nacional de migraciones”.

Efectivamente, la creación de una institución específica para atender el tema migratorio ha sido celebrado por algunas organizaciones y personas pro migrantes, pero, según Noriega esto “no tienen ningún sentido cuando el eje o el principal desarrollo de la política migratoria va a ser dado desde el exterior. ¿para qué quieres un servicio nacional si las migraciones se van a regular desde los consulados? Siendo así, esto [la creación del servicio nacional] no es per se positivo o negativo, es simplemente inútil y por tanto negativo”.

Por otro lado, considera Noriega “la sociedad civil se ha enfocado en el debate meramente legislativo, como si ese fuera el único debate. Hoy día la realidad les desborda y tienen que asumir un rol más concreto de defensa activa, en términos judiciales, frente a la situación de abierta violación de derechos fundamentales por parte del Estado [que ha establecido] esta política institucional de hostilidad hacia la población migrante. El Gobierno de Piñera, estableció la hostilidad como un mecanismo de control político a las migraciones”.

A pesar de todo esto, muchas organizaciones sociales se han aliado a la causa migrante y a la defensa de los derechos de todo por igual “este acercamiento, esa solidaridad” dice Noriega, “está creciendo entre el pueblo chileno y el pueblo migrante”.

Están todas las posibilidades dadas

A las puertas de iniciar un proceso constituyente, la esperanza de modificar la legislación chilena en beneficio de los habitantes del país abarca todas las áreas de derechos. Ante la pregunta de si existe alguna posibilidad de reversión de la Ley de Migraciones, Noriega asevera, completamente seguro, que “están todas las posibilidades dadas”.

Para esto, no descarta la vía constitucional. “Si nosotros podemos establecer en la constitución cambios sustanciales, por ejemplo, que se establezca una igualdad efectiva, o una garantía constitucional del derecho a migrar y lo que eso implica (entre otras cosas, la responsabilidad permanente del Estado de regularizar la migración y no criminalizar el trabajo –porque el trabajo migrante está criminalizado– , ni tomar medidas como la expulsión o deportación de migrantes per se sino como ultima ratio (…) [y] además, introducir el tema de que el derecho a que todo niño nacido en chile sea chileno, la ciudadanía para los migrantes, así como la pluralidad cultural como un valor en la conformación del nuevo Estado o nacionalidad chilena que está en forja, si nosotros podemos hacer eso (…) entonces la responsabilidad de cambiar esta legislación cae por su propio peso”.

Sin embargo, esta transformación no depende solamente de que estos derechos queden establecidos en la nueva constitución «sino que después» enuncia Noriega, «se aplique, se entienda, se desarrolle». Además, hay efectos de esta nueva Ley y medidas ya tomadas que se hace necesario revertir hoy mismo.

Las expulsiones siempre son ilegales

Desde que fue promulgada la nueva ley, el miedo a las expulsiones abruma a la población migrante en Chile. Por esto, “el proceso extraordinario de regularización migratoria establecida en esta ley, debe ser modificado ya, específicamente para impedir el tema de las expulsiones que son siempre ilegales”. “[Las expulsiones] colectivas son ilegales, violan tratados” afirma Noriega. Considera también que el próximo gobierno podría jugar un rol fundamental en la reversión de este tipo de políticas, pero también apuesta al rol que pueden jugar los gobiernos regionales, que tienen por ley atribuciones con respecto al tema migratorio, como, por ejemplo, la regularización de las relaciones laborales. “la informalidad laboral genera irregularidad migratoria. Y la irregularidad migratoria da pie a que se establezcan relaciones informales que afectan a todos los trabajadores en su conjunto, porque contiene sus derechos y sus remuneraciones, además de que es la base sobre la cual se sustentan los mayores abusos y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migrantes”.

Somos parte del pueblo de Chile

Para cerrar, Rodolfo Noriega afirma confiar en que existen “muchísimas posibilidades de revertir esta ley”. En este aspecto, considera fundamental “la alianza con las organizaciones chilenas, particularmente, con las organizaciones territoriales de trabajadores, de los barrios y barriadas, de las organizaciones estudiantiles, de los campesinos y otras más”, estas relaciones y este accionar conjunto “pueden dar pie a que se establezcan medidas y se cambie la legislación. Es una necesidad, y la tarea, una de nuestras tareas, es hacer conciencia de que esta es una necesidad no solamente para el pueblo migrante –que es parte del pueblo de Chile– sino para toda la sociedad chilena”.

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1 Se refiere a la Masacre de La Cancuta (18 de julio de 1992)