Es difícil calcular cuántas organizaciones no gubernamentales de asistencia a los migrantes existen en el mundo. Según la Coalición Internacional contra la Detención (IDC por sus siglas en inglés), sólo en su red global se encuentran asociadas y trabajando unas 400 instituciones independientes, académicas, religiosas, profesionales y personales, las cuales operan en más de 100 países. Lo cierto es que, a nivel planetario, son muchísimas más y su trabajo es reconocido por sus evidentes aportes a la investigación, el seguimiento, la asistencia directa, la asesoría legal, el acompañamiento en los procesos de adaptación, la capacitación y, particularmente, el rescate ante situaciones peligrosas de cientos de miles de migrantes. Sin embargo, estas ONG son peligrosamente señaladas, perseguidas, acosadas, en fin, criminalizadas, sobre todo en aquellos países donde la migración es calificada como una amenaza a su soberanía y seguridad.

La criminalización ante el fenómeno de la movilidad humana no es nada nuevo. Desde siempre se ha utilizado la figura de los migrantes para justificar políticas más duras y radicales, pero últimamente el ataque se ha dirigido también contra las organizaciones que los asisten. Este hecho, como ya se ha advertido, durante los últimos años acontece en los principales países receptores de migración y donde precisamente se registra una cantidad nada despreciable de denuncias en contra de las operaciones que cientos de ONG llevan a cabo con el único objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los migrantes.

La situación se hace más evidente en Europa y Estados Unidos. En la primera región por la altísima y permanente movilidad que se registra desde el norte de África a través del mar Mediterráneo, fundamentalmente, hacia Italia, España y Grecia. Y en los EEUU, por supuesto, en su frontera sur con México. En esas dos áreas también se concentran la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos en materia de migración y donde se calcula el mayor índice de muertes. Entre los años 2014 y 2019, de las 33.400 desapariciones de migrantes en todo el mundo, 18.500 se suscitaron en el mar Mediterráneo, lo que representó más del 55% del total, según datos de la Organización Mundial de Migraciones (OIM) reportados por el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración en un informe de mayo de 2021. El mismo reporte indica que de las 3.400 muertes registradas en el continente americano en el mismo período, el 60% ocurrieron en la frontera entre EEUU y México.

¿Qué es la criminalización? Caso Europa

La criminalización es un proceso complejo mediante el cual se busca construir en la imaginario colectivo una representación errónea o distorsionada de lo que antes era lícito, justo y necesario, para convertirlo en algo ilícito, rechazado socialmente y penalizado jurídicamente.

Para la ONG Protection Internacional, la criminalización busca obstaculizar la labor de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos y es un proceso que se da en dos etapas.

La primera fase se apoya en la formulación de leyes y marcos normativos orientados a restringir la acción de las organizaciones, tanto de ONG como grupos de solidaridad. La segunda etapa integra la participación de diversos actores, tanto públicos como privados, a través de diversos canales y soportes, principalmente medios de comunicación y, más recientemente, redes sociales.

La estrategia más utilizada es comparar o relacionar la labor de las ONG y de los grupos de solidaridad con las actividades del crimen organizado que opera alrededor de la actividad migratoria, como la trata y el tráfico de personas.

Para la red de ayuda humanitaria católica Caritas Europa, no sólo se trata de acciones judiciales contra las ONG sino también y fundamentalmente alentar su desprestigio para justificar ante la opinión pública -tanto de los países receptores como a nivel regional y global- acciones radicales, políticas más estrictas y el endurecimiento de medidas jurídicas contra los migrantes.

“Se ha normalizado una tendencia a poner obstáculos, demonizar, estigmatizar y criminalizar la asistencia humanitaria a los migrantes en toda Europa, creando un efecto escalofriante que resulta en desalentar la solidaridad. Nos referimos ampliamente a este fenómeno como la «criminalización» de la solidaridad, ya que se extiende más allá de las meras acciones judiciales”, indica una misiva publicada por la organización en junio de 2019.

A juicio de Caritas Europa, se ha fomentado “una narrativa tóxica” sobre la migración para afectar directamente la solidaridad internacional y el trabajo de cientos de ONG de la región, en momentos que se hace más imperativa su labor dada la escasez de vías legales para ingresar a países europeos, el aumento de la seguridad fronteriza y el incremento de travesías marítimas cada vez más peligrosas, factores que han impulsado el tráfico ilegal de seres humanos y la urgencia de medidas de protección ante acciones estatales que atentan los derechos de las personas migrantes, las fallas en el funcionamiento del sistema de asilo y la evidente falta de solidaridad entre los Estados de la Unión Europea (UE).

De hecho, entre 2015 y 2018, el número de casos judiciales contra ONG y personas particulares criminalizadas por actividades humanitarias en Europa se multiplicó por diez (de 10 a 104 casos), según un informe de junio de 2019 preparado por la Plataforma de Redes de Investigación Social sobre Migración y Asilo (ReSOMA), publicado en el portal de la Fundación Cepaim (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes). En el mismo se señala que el principal objetivo de estas acciones es restringir la acción de voluntarios, activistas, ONG, personal de barcos de rescate, familiares, periodistas, alcaldes y religiosos que trabajan en la asistencia directa de migrantes en situación de peligro.

Para Cepaim, la fiscalización de la solidaridad como producto de su criminalización, “deriva en sospecha, intimidación, acoso y vigilancia”, con nefastas consecuencias para el Estado de Derecho, la responsabilidad democrática, la cohesión social, la libertad de asociación y los derechos fundamentales en general, además de distraer al público de los problemas reales derivados de las políticas erráticas de asilo y migración de la UE.

El crimen de salvar vidas

El otro frente de criminalización de los grupos de solidaridad y asistencia a los migrantes en Europa, especialmente en la región del Mediterráneo central y especialmente contra las ONG de rescate y salvamento, es el supuesto fomento de dichas organizaciones a la migración masiva hacia Europa por su presunta y no comprobada vinculación con los grupos criminales que giran alrededor del negocio de trata y tráfico de personas.

2019 fue un año particularmente significativo en lo que respecta a la criminalización de los grupos de solidaridad que asisten a los cientos de migrantes que diariamente arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo en condiciones de peligrosidad. A mediados de ese año, autoridades italianas arrestaron a la capitana de la embarcación de rescate alemán Sea Watch 3, Carola Rackete, lo cual tuvo una repercusión tremenda en los medios de comunicación europeos, pues hizo evidente no sólo la postura italiana sobre la solidaridad internacional a los migrantes, sino también la dirección que entonces estaba tomando Europa en general sobre el tema.

Matteo Salvini, entonces ministro del Interior del gobierno italiano y líder de la ultraderecha de su país, meses antes de la detención de Rackete, prohibió a los barcos de salvamento marítimo atracar en los puertos italianos, por lo que la acción contra el Sea Watch 3 fue tan sólo una acción más de su dura gestión contra la migración y las ONG que rescatan a movilizados en situación de peligro.

Salvini calificó las tareas de Rackete como “un acto criminal y un acto de guerra” para justificar su detención. En una nota del diario El País de España se reconoció la dureza del funcionario y las reacciones de voceros gubernamentales de otros países de la UE.

“Las palabras y formas de Salvini ruborizan a media Europa. El mismo presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declaró que cualquiera que salve vidas humanas no puede ser considerado criminal. Y Francia denunció la «estrategia de histeria» del ministro Salvini”, indica el reporte. No obstante, en el texto también se reconoce el doble rasero de países europeos sobre el tema, al señalar como un delito la acción de las ONG.

“Más allá de las palabras de unos y otros, en la práctica hace tiempo que la Unión Europea y sus Estados miembros reman en la misma dirección. En su lucha contra los traficantes, el espacio para la solidaridad se ha visto progresivamente reducido, si no criminalizado. A nivel legislativo, según la Directiva 2002/90/CE, el delito de tráfico consiste en «asistir a inmigrantes irregulares a entrar o permanecer en el territorio de un Estado miembro»”. Es decir, equiparan abiertamente la acción de las ONG de “asistir a los migrantes” con el proceder de organizaciones criminales con fines distintos al rescate o defensa de su derecho a la vida.

Sin embargo, datos concretos desmienten, tanto el presunto impulso de las ONG a la migración ilegal y su vinculación al número de muertes, como su relación directa o indirecta con el crimen organizado.

Según un informe del diario español El Mundo, basado en datos de la Organización Mundial de Migraciones (OIM), en 2019 las mafias de tráfico de personas “lanzaron al mar embarcaciones llenas de inmigrantes desde las playas libias independientemente de que hubiera barcos de ONG”.

“Desde el 1º de enero al 20 de agosto, según datos de la OIM, 7.531 inmigrantes se embarcaron de las playas libias sin embarcaciones de ONG en el mar, mientras que tan sólo 1.961 personas salieron de esas mismas playas cuando había al menos uno de estos barcos en aguas internacionales frente a esas mismas costas de Libia. Es decir, que la gran mayoría de inmigrantes a fueron embarcados por las mafias cuando no había ningún «taxi» en el mar, según la terminología de Salvini. Estas pateras fueron devueltas a tierra por la guardia costera libia o se hundieron o, las menos, llegaron a Lampedusa o Malta por sus propios medios”, indica la nota.

Es decir, la presencia de las ONG de rescate y salvamento no sólo reduce el número de muertes de migrantes sino también el tráfico ilegal de personas desde las costas de África hacia Europa.

Aún queda muchas metas por alcanzar para detener la criminalización de la solidaridad con los migrantes. Por ahora, las ONG y los grupos de rescate del Mediterráneo respiran con cierto alivio luego del anuncio, en abril de 2021, del inicio de un juicio penal por cargos de secuestro e incumplimiento del deber contra el ultraderechista y ex ministro italiano Matteo Salvini, por otra de sus acciones anti-migración más sonadas de 2019: la retención de un barco de la organización española Open Arms cargado de migrantes, al cual se le impidió que atracara en un puerto de Italia, por lo que debieron permanecer en el mar durante varios días.