A las múltiples y diversas amenazas que se ciernen de manera permanente sobre los miles de migrantes que intentan cruzar diariamente la peligrosa frontera de México y Estados Unidos, desde hace un poco más de un año se sumó una más, la cual además alienta o favorece, tanto los atropellos del Gobierno norteamericano como las condenables acciones del crimen organizado que giran alrededor del fenómeno de movilidad humana en la región. Se trata de la aplicación de la poco conocida disposición sanitaria denominada “Título 42”, la cual fue invocada estratégicamente en marzo de 2020 por la administración republicana de Donald Trump y que, erróneamente, se pensaba sería anulada con la llegada del Gobierno demócrata de Joe Biden. Lamentablemente, eso no ha ocurrido.

Según la organización estadounidense de asistencia humanitaria a migrantes American Immigration Council[1], a pesar de la existencia del histórico derecho de solicitar asilo por parte de las personas que llegan a la frontera sur desde México, desde el 20 de marzo de 2020 ese derecho fundamental fue abruptamente suspendido.

En un documento difundido[2] con motivo de cumplirse el primer año de la aplicación de la muy criticada medida y ante la falta de rectificación de la administración Biden, American Immigration Council explicó que los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos, así como los que buscan solicitar asilo, han sido sistemáticamente rechazados y expulsados de regreso a México o sus países de origen, bajo una antigua y poco conocida disposición de Ley de Salud de 1944, Sección 265 del Título 42, la cual Trump invocó para lograr su objetivo largamente deseado: cerrar la frontera.

“Con esta disposición, cientos de miles de personas han sido expulsados desde el comienzo de la pandemia, a pesar de que los puertos de entrada permanecen abiertos con casi nueve millones de personas cruzando la frontera sur en diciembre de 2020 y miles de personas volando a los Estados Unidos todos los días”, denuncia la organización en el documento.

Esta situación que amenaza el flujo y la vida de los migrantes que intentan ingresar a EE. UU., comenzó el 20 de marzo de 2020 cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), con el pretexto de la emergencia global por la COVID-19, emitió un reglamento de emergencia[3] para activar un aspecto específico de la Ley de Salud de los EE. UU. Según la legislación invocada, la sección 265 del Título 42 autoriza a los directores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a impedir el ingreso a los Estados Unidos de personas cuando éste sospeche que “existe un grave peligro de introducción de una contagiosa enfermedad en los Estados Unidos”.

La disposición permite que cualquier oficial de frontera, incluidos los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los agentes de la Patrulla Fronteriza, ejecuten lo dispuesto en la orden dada a los CDC, es decir, actúen discrecionalmente y eviten el ingreso a EE. UU., bajo sospecha de ser portadores de la COVID-19, a personas provenientes de cualquier país que intenten ingresar vía Canadá o México y que normalmente “serían introducidos en un entorno congregado” en un puerto de entrada o en una estación de la Patrulla Fronteriza. Esto afecta a personas que regularmente son retenidas después de llegar a la frontera, incluyendo solicitantes de asilo, niños no acompañados y personas que intentan ingresar al país sin inspección.

Según estadísticas de la Oficina Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU.[4], entre los meses de octubre de 2020 y abril de 2021, sólo en la frontera sur, han sido expulsadas bajo el Título 42, más de medio millón de personas, específicamente 536 mil 793 migrantes.

Desde el mismo momento de la activación del Título 42 de la Ley de Salud de EE. UU., la medida fue calificada como una acción política y no como una medida sanitaria. A pesar de la afirmación de que la orden era necesaria para “proteger a los Estados Unidos de un problema de salud pública”, a un año de su aplicación, American Immigration Council denunció que declaraciones públicas, denuncias, reportes de prensa e informes científicos demostraron que el origen de esta medida provino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y de la Casa Blanca.

De hecho, científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) expresaron enérgicamente su rechazo a la medida, argumentando que no había una justificación de salud pública para implementarla.

No obstante, la medida se mantuvo. En marzo de 2020, el entonces vicepresidente republicano Mike Pence ordenó a la Agencia de Control de Enfermedades que “usara sus poderes de emergencia para sellar eficazmente las fronteras de Estados Unidos”, con el propósito de anular la opinión expresada públicamente por algunos científicos de la agencia que dijeron que no había evidencia de que la acción frenaría el coronavirus, según un reporte de la agencia AP[2] divulgado en octubre del año pasado y que develó las maniobras del Gobierno de Trump por mantener la medida a pesar de las críticas de carácter científico.

Lo que es difícil de entender, tanto a estadounidenses como a la comunidad internacional, es que, a pesar de las críticas hechas por el Partido Demócrata en 2020, las promesas electorales hechas antes de los comicios de noviembre de 2020 y las primeras declaraciones al asumir el mandato en enero de 2021, el Gobierno demócrata de Joe Biden no ha mostrado ningún cambio a la política impuesta por Trump.

A pesar de que en mayo de 2021 la Administración Biden-Harris anunció un aumento radical en la cuota anual dispuesta para el otorgamiento de estatus de refugiados a 62.500 personas, el cual Trump mantenía en 15.000, para la organización de noticias independientes Truthout[3], dicha medida “no cambia las otras formas estructurales masivas en las que la administración Biden-Harris continúa perpetuando la crisis en la frontera”.

En un artículo[4] firmado por la académica estadounidense Marjorie Cohn[5], voceros califican lo que sucede en la frontera como una auténtica crisis humanitaria y de derechos humanos. “No hay crisis en la frontera causada por migrantes. Hay una crisis humanitaria y de derechos humanos porque el gobierno de Estados Unidos ha cerrado efectivamente la frontera a los solicitantes de asilo y no les ha permitido solicitar asilo desde marzo de 2020”, expresó Nicole Phillips, directora legal de Haitian Bridge Alliance[6], ONG que brinda asistencia a inmigrantes haitianos en California.

Según Truthout, la continuidad en la aplicación de la medida del Título 42 por parte de la Administración Biden-Harris sigue causando separaciones familiares y amenazando la vida de niños, adolescentes y adultos, como se documenta en un informe de abril de 2021 publicado por las ONG en materia de migración Human Rights First, Haitian Bridge Alliance y Al Otro Lado. Según el documento, la medida impulsa a familias a enviar a sus hijos al otro lado de la frontera para protegerlos de secuestros, agresiones sexuales y otras formas de violencia.

Queda claro que, por esta medida, los migrantes son “blancos fáciles” para los secuestradores y otras personas cuando son devueltas a México. Así lo denunció a partir de testimonios recogidos el diario Los Ángeles Times en un artículo publicado[7] el pasado mes de abril.

Por su parte, Human Rights First[8], cita Truthout, identificó al menos 492 informes de ataques violentos desde el 21 de enero de 2021, incluidos secuestros, violaciones y agresiones contra personas que quedaron varadas en la frontera o expulsadas hacia México.

Además de los peligros evidentes causados por el crimen organizado que gira alrededor de la migración al sur de la frontera de los EE. UU. y que se ha intensificado con la aplicación del Título 42, también se ha registrado un incremento en el maltrato que sufren los migrantes por parte de las autoridades estadounidenses. Además de las detenciones violentas, retenciones arbitrarias y expulsiones sin derecho a la solicitud a asilo, se registra una precaria atención humanitaria.

Según el referido informe de Human Rights First, citado por Truthout, las personas que no son enviadas a México y que son detenidas por la Patrulla Fronteriza, sufren abusos múltiples, se les niega atención médica de emergencia, les roban sus pertenencias y sus expulsiones son ejecutadas en horas de la noche a ciudades fronterizas peligrosas.

En conclusión, tanto organizaciones no gubernamentales como organismos multilaterales y la comunidad internacional en general esperan una rectificación inmediata por parte de la administración Biden en la política migratoria al sur de los EE. UU. y, específicamente, en la aplicación del Título 42, el cual según expertos viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la Convención de Refugiados, que otorgan a los no ciudadanos el derecho de asilo si pueden demostrar un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. También viola la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contiene una disposición de no devolución.

Por último, contraviene la disposición de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cual ha declarado reiteradamente que, durante la pandemia, no se debe expulsar a los solicitantes de asilo y refugiados en áreas fronterizas sin un análisis individualizado de sus necesidades de protección, pues ello viola el derecho internacional.