Introducción
El pasado 8 de mayo el Reino de los Países Bajos continuó con su política sistemática de expulsión masiva de venezolanos y venezolanas que habían emigrado por motivos económicos hacia las islas de Aruba y Curazao, territorios del reino ubicados en el mar Caribe a menos de 50 kilómetros de las costas de la República Bolivariana de Venezuela.
El presente Informe Especial es parte de una de las líneas de investigación – acción que ARGOS-Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos viene desarrollando en torno a los procesos de movilidad humana en la región de América Latina. Este estudio contextualiza las relaciones económicas y sociales que a lo largo de la historia han condicionado las relaciones entre Venezuela y los Países Bajos como países vecinos en el mar Caribe, y más específicamente la historia reciente marcada por la actividad petrolera. Asimismo, se analiza cómo la profundización de las medidas coercitivas unilaterales, que afectan la economía venezolana en general, y a la industria petrolera en particular, van agrietando las relaciones con las islas neerlandesas, poniendo en evidencia una política de vecindad mucho más marcada por el pragmatismo que por la solidaridad.
Al final, se reportan los datos obtenidos a partir de la aplicación de un estudio aplicado a 29 de las personas expulsadas el pasado 8 de mayo en el propio aeropuerto, que nos brinda una aproximación sobre el trato brindado a los venezolanos y venezolanas en el Reino de los Países Bajos, perteneciente a la Unión Europea y la alta informalidad y la precariedad laboral que afecta a la población migrante venezolana.
Contexto general
Apenas a unas decenas de kilómetros al norte de la península de Paraguaná, al noroeste de Venezuela, se encuentran las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, territorios del Reino de los Países Bajos. Las relaciones históricas, comerciales y familiares entre las poblaciones de estas islas con la península de Paraguaná, en el estado Falcón, son intensas.
En tiempos precolombinos, las islas estuvieron pobladas por indígenas caquetíos, al igual que la región venezolana contigua. Con la conquista española, su administración dependía de la provincia de Venezuela, con la ciudad de Coro como capital. El dominio español de las islas se prolongó durante un siglo, hasta que les fueron arrebatadas a la fuerza por el Reino de los Países Bajos.
Salvo algunos breves periodos de la historia, las tres islas siguieron perteneciendo al Reino de los Países Bajos. Desde 1986 formaron parte de la entidad denominada Antillas Neerlandesas, la cual existió hasta el año 2010. En el caso de Aruba y Curazao, a partir de 2010 detentan el estatus de países constituyentes del Reino, mientras que Bonaire depende directamente de la metrópoli.
Se considera que Aruba y Curazao, pese a pertenecer al Reino de los Países Bajos, no pertenecen a la Unión Europea, de manera que mantienen cierta autonomía para muchos asuntos, salvo para la defensa nacional, las relaciones exteriores y los tratados de extradición. Asimismo, todos los habitantes de ambas islas tienen pasaporte de los Países Bajos.
Breve reseña económica
En relación con la economía, la conquista de estas islas por parte de los Países Bajos respondía a la necesidad de buscar recursos, tales como la sal, pero también se trataba de enclaves estratégicos para la disputa del dominio español de América, razón por la cual la actividad comercial, legal o ilegal, con las costas venezolanas se cuenta en siglos.
Durante siglos los ingresos más importantes de estas islas provenían de la comercialización de las personas esclavizadas secuestradas desde África. Su ubicación estratégica en el mar Caribe abonaba a estos fines, pues allí eran enviadas estas personas para luego venderlas en tierra firme. Al declararse la prohibición de la esclavitud en 1856, la economía de estas islas entró en crisis, motivo por el cual una inmensa parte de su población emigró a otras Antillas del Caribe y, particularmente, a las cercanas costas venezolanas.
Sin embargo, durante el siglo XX, con el descubrimiento de yacimientos petroleros en el Lago de Maracaibo en Venezuela a menos de 300 kilómetros de Aruba, su principal actividad económica pasó a ser la refinación del crudo venezolano.
Por ejemplo, la compañía angloholandesa Royal Dutch Shell, una de las grandes multinacionales petroleras, obtuvo concesiones para la explotación de crudos en Venezuela y organizó un esquema en el que el crudo sería explotado en el Lago de Maracaibo, transportado al estado Falcón y enviado a las islas de Aruba y Curazao para su refinación. Un esquema similar fue el impuesto por la compañía norteamericana Standard Oil. Así tenemos que en 1918, Royal Dutch Shell pone en funcionamiento una refinería en Willemstad, capital de Curazao. Asimismo, en el año 1927 se establece la APM («Eagle Refinery Company») una filial de Shell, muy cerca del puerto de la ciudad de Orangestad, capital de Aruba. En ambos casos se trata de instalaciones exclusivamente destinadas al procesamiento del petróleo venezolano [1].
Durante décadas, la principal actividad económica de las islas fue precisamente la actividad petrolera, por lo que no resulta sorprendente que Venezuela fuese el principal socio comercial de las islas, por encima de los Países Bajos, su propia metrópoli, de los Estados Unidos y de cualquier otro país de la región del Caribe.
Incluso en la actualidad, a pesar de que ambas islas han desarrollado una enorme industria turística, y de que la caída de la producción petrolera venezolana ha afectado la actividad refinadora en las islas, Venezuela sigue siendo uno de los principales socios comerciales de ambas islas. Entre otras, porque su cercanía geográfica permite la importación de alimentos y otros insumos necesarios para la vida cotidiana desde Venezuela.
En el año 2018, cuando ya sobre Venezuela recaían numerosas medidas coercitivas unilaterales, que incluso afectaban a la industria petrolera, el principal rubro de exportación de Aruba eran los aceites de petróleo y minerales bituminosos, que representaban un total de 46 millones de dólares norteamericanos, mientras que el resto de los rubros de exportación solo representaban unos 12,5 millones de dólares [2]. De manera que el 72,96% de las exportaciones de Aruba se relacionan con insumos provenientes de Venezuela.
En el caso de Curazao, la dinámica es similar, por lo que la situación difícil que atraviesa la economía venezolana arrastra la actividad económica de la isla, que desde el año 2016 ya venía experimentando una recesión. Cabe señalar que la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la propietaria de Refinería Isla, que ha tenido una importancia enorme en las importaciones y exportaciones de Curazao, pero que en la actualidad tiene muchas dificultades para sostener sus operaciones debido a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos de América y la Unión Europea. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, la economía curazoleña se ha contraído un 2% interanual al final de 2019, mientras que el desempleo se ubica en 21,9%. La situación venezolana también ha supuesto una disminución de los ingresos por la vía de la actividad turística, lo cual afecta tanto a Curazao como a Aruba [3].
Nuevo contexto migratorio
Durante los últimos años se ha venido produciendo un fenómeno migratorio de personas venezolanas que tratan de buscar alternativas económicas a su situación marcada por la precariedad económica y la creciente vulnerabilidad conforme se han venido aplicando las medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos de América y la Unión Europea.
El incremento de las migraciones venezolanas coincide en el tiempo con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales más destructivas para la industria petrolera venezolana, es decir, durante el periodo comprendido entre 2017 y 2019, cuando la población migrante venezolana pasó de menos de 700 mil personas a alrededor de 2,5 millones de personas, ello de acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas.
Según estimaciones, la región de América Latina ha recibido hasta el 85% de esta migración, aun cuando los flujos migratorios a las islas del Caribe no son tan significativos ni deben ser comparables en su magnitud con países como Colombia o Perú.
De acuerdo con el DAES, la isla de Aruba había recibido hasta el año 2019, un total de 3.438 personas migrantes de nacionalidad venezolana, mientras que a Curazao habían emigrado 2.942 personas. En la actualidad, en el marco de la pandemia por COVID-19, este flujo migratorio de venezolanos y venezolanas que se encuentran en las islas, hoy con sus economías deprimidas y en una situación de presión, empiezan a resultar molestos para las autoridades de los Países Bajos [4], quienes no han dudado en emplear el recurso de las expulsiones de migrantes provenientes de Venezuela.
Más aún, el ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos modificó la política de puertas abiertas que habían mantenido con Venezuela, e impuso el requisito de visado para el ingreso de personas venezolanas a partir del 15 de enero de 2021[5], con lo cual se dejan claras las prioridades de los Países Bajos, así como su grado de compromiso hacia las personas migrantes.
De tal manera que los flujos migratorios pendulares entre Venezuela y los Países Bajos en el Caribe, así como la importante presencia de turismo venezolano hacia Aruba, Bonaire y Curazao, que marcaron la historia de las relaciones entre estos dos países, cambió para convertir a estas islas en el país de destino de emigrantes económicos que parten desde Venezuela a buscar mejores condiciones de vida.
Igualmente, como explicaremos a continuación, la alta precariedad e informalidad en el trabajo que realiza la población migrante venezolana los enfrenta a condiciones de mayor vulnerabilidad, que se acrecientan en el marco de la pandemia, las cuales fueron aprovechadas por las autoridades del Reino de los Países Bajos para adoptar las medidas de expulsión masiva, en franca contradicción con las recomendaciones de las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, del fortalecimiento de los mecanismos de protección de este colectivo.
Por último, cabe señalar que tanto Aruba como Curazao participan en la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), así como en el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Enero-Diciembre de 2021). De manera que tanto Aruba como Curazao reciben apoyo, fundamentalmente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y por parte de la Organización Internacional para las Migraciones para “mejorar las condiciones de recepción y coordinar el suministro de información y asistencia para satisfacer las necesidades básicas inmediatas de las personas venezolanas, incluido el alojamiento” [6]. De manera que, pese a la recepción de recursos para la atención de migrantes venezolanos, los Países Bajos expulsan migrantes hacia Venezuela.
La expulsión masiva de migrantes de origen venezolano
El pasado 8 de mayo arribó a la República Bolivariana de Venezuela un avión de la empresa aérea privada Laser, con un grupo de personas de nacionalidad venezolana expulsadas por las autoridades de las islas de Aruba y Curazao, pertenecientes al Reino de los Países Bajos. Es el más nuevo episodio de la política sistemática de los Países Bajos de expulsión forzosa de emigrantes hacia Venezuela, que ha venido siendo desarrollada durante los últimos años. Se trata de una política de Estado invisibilizada por los grandes medios de comunicación social, no atendida en las organizaciones internacionales y que se encuentra claramente marcada por un irrespeto a los derechos humanos.
ARGOS-Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, a través de equipos voluntarios en Venezuela, pudo registrar este suceso, colaborar en el recibimiento de las personas deportadas y aplicar un cuestionario de tal manera de contribuir a denunciar las situaciones que han padecido estas personas, especialmente con relación a su deportación forzosa desde los Países Bajos.
Así, el equipo de voluntarios logró tener acceso a las personas que fueron expulsadas cuando arribaron a Venezuela, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde arribó el vuelo comercial de una empresa privada de aviación contratada por el Reino de los Países Bajos para transportar a las personas expulsadas. Inicialmente se obtuvo información que en el vuelo regresaban 75 personas expulsadas, sin embargo, al bajar del avión sólo se contabilizaron 29.
En total, se entrevistó y aplicó un cuestionario a 29 personas, todas nacidas en Venezuela, 23 hombres y 6 mujeres. Se trató fundamentalmente de un grupo de jóvenes, 25 de ellos menores de 40 años, que poseían un nivel de estudios de educación media completa o incompleta. En relación con su estado civil, tenemos que 14 eran solteros(as), 14 casados(as) o unidos(as) y una persona divorciada.
Entre las personas entrevistadas tenemos a 12 provenientes de Aruba y 17 de Curazao. En relación con el tiempo que habían vivido en las islas, tenemos que 16 habían llegado en 2019 o más recientemente, mientras que otras 13 personas habían ingresado a las islas en el 2018 o antes. Es decir, se trataba de migrantes internacionales que se encontraban residenciados y con niveles importantes de arraigo en el país de acogida.
Cuando se indagó por la causa por la cual emigraron de Venezuela, tenemos que el 83% aluden a razones económicas, el 7% por razones de reunificación familiar y el 10% por otras razones más específicas, ninguna de las cuales se relaciona con la persecución política, o temores de ser perseguidos por razones de raza, sexo, condición social ni ninguna otra causa compatible con las nociones de asilo o refugio. Esto es, quedó evidenciado que se trataba de emigrantes económicos, no de personas que requieren de protección internacional.
En relación con sus características familiares, tenemos que el 97% de las personas migrantes viajaron solas, mientras que el 3% había emigrado junto con su pareja. Sin embargo, 79% de las personas manifiestan que dejaron hijos en Venezuela, mientras que solo el 21% de las personas informan no tener hijos.
En relación con la actividad que desarrollaban en las islas de Aruba y Curazao, tenemos que el 83% de las personas trabajaban, el 3% laboraba en el hogar en tareas de cuido de familiares o tareas del hogar, mientras que el 14% restante manifestó realizar otras actividades. Por tanto, resulta evidente que se trata de trabajadores migrantes, que deberían encontrarse protegidos por la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, si el Reino de los Países Bajos hubiese suscrito este tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Al preguntar sobre la razón de expulsión, se obtiene que el 45% de las personas migrantes habían sido acusadas de ingresar ilegalmente al país, el 21% fueron acusadas de permanecer más tiempo del permitido en el país, el 27% de los entrevistados señala que fueron acusados de cometer algún acto delictivo durante su estadía y el 7% restante no respondieron a la pregunta. Por tanto, la gran mayoría de las personas fueron expulsadas por su condición de migración irregular.
Derechos humanos y la expulsión masiva de migrantes de origen venezolano
Del 100% de las personas entrevistadas, el 34% aseguran no haber contado con asesoría legal durante el proceso de expulsión. Esto es, a un tercio de la muestra se les privó el derecho a contar con defensa técnica especializada durante el procedimiento de expulsión, menoscabándose su derecho humano al debido proceso y, en la práctica, evidenciando la forma arbitraria en que se desarrolla la política de los Países Bajos de los migrantes provenientes de Venezuela.
Adicionalmente, se pudo constatar que el 17% declararon no haber tenido la oportunidad de recoger sus pertenencias antes de la expulsión. Además, tres personas se vieron obligadas a pagar algún tipo de impuesto o multa en el proceso de expulsión.
Del total de la muestra, el 93% de las personas migrantes estuvieron detenidas durante el proceso de expulsión. Así tenemos que el 24% estuvieron detenidas 10 días o menos, el 17% de las personas estuvieron detenidas entre 11 y 30 días, el 21% estuvieron detenidas entre uno y tres meses, cuatro personas cumplieron con un periodo de detención de entre cuatro meses y menos de un año. Finalmente, cuatro personas debieron cumplir periodos de detención de entre más de uno y hasta tres años.
Durante las entrevistas no se pudo registrar sobre la legalidad o arbitrariedad de estas detenciones, entre otras, porque: un tercio de las personas expulsadas no tuvieron asesoría legal, por lo que desconocían los motivos jurídicos de las medidas; y, otros simplemente no fueron debidamente informados de su situación legal.
En relación con las condiciones de la detención, tenemos que el 24% denuncian haber estado incomunicadas, lo que constituye una gravísima violación a sus derechos humanos y un incumplimiento a la normativa internacional que rige la materia suscripta por ese Reino.
Adicionalmente, se pudo registrar que el 7% aseguran no haber recibido comida y agua de forma adecuada, mientras que el 28% consideran no haber recibido un trato respetuoso durante la detención.
Resulta particularmente llamativo que solo el 14% fueron expulsadas por órdenes de tribunales, mientras que el 86% fueron expulsadas por órdenes de autoridades migratorias, razón por la cual no se entabló un juicio, ni tuvieron la oportunidad de defenderse. El 3% declaró no saber por órdenes de quién fue expulsada, lo que da cuenta de una práctica arbitraria contraria a los derechos humanos.
Por último, se pudo constatar que el 28% indican que solicitaron el derecho al asilo ante las autoridades, pero el mismo no les fue concedido. Lo que da cuenta que el Reino de los Países Bajos reconoce que se trata de una migración económica y no de personas que requieren protección internacional.
Es importante resaltar que el 48% de las personas consultadas declararon haber sido víctimas de discriminación por parte de las autoridades del país que las deportó, lo que da cuenta de prácticas ajenas a los derechos humanos por parte de las autoridades públicas de las islas durante los procesos migratorios.
Finalmente, también se indagó si estas personas habían recibido algún tipo de ayuda humanitaria durante su expulsión. En relación con este particular encontramos que solo el 38% de las personas recibieron el respaldo de la Cruz Roja y el 7% por organizaciones locales. Asimismo, se supo que el 24% contaron con el apoyo de agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta información pone de relevancia que el Reino de los Países Bajos no ha dado un trato respetuoso y acorde con los principios internacionales en la materia. Es particularmente preocupante que las autoridades neerlandesas hubieran expulsado a la mayoría de los migrantes entrevistados sin que mediara el procedimiento correspondiente, que fuesen privados de su libertad en el marco del proceso de expulsión; igualmente que un número importante de personas estuvieron incomunicadas y que, incluso, algunas de ellas denuncien tratos no respetuosos, pagos de multas o impuestos, así como la imposibilidad de obtener sus pertenencias al momento de la deportación.
Más grave aún es el caso de una familia que logró reunificarse como consecuencia del movimiento migratorio, pero que fue nuevamente separada como consecuencia del procedimiento de expulsión. Igualmente, nos encontramos con casos en que tuvieron que dejar a sus hijos e hijas en el país de destino y no pudieron traerlos consigo. Particularmente, encontramos un caso de una mujer venezolana, que su pareja de nacionalidad del país de origen impidió que se llevara a su hijo y no le otorgó el permiso de viaje. Estas situaciones, denotan una grave violación de la Convención de los Derechos del Niño, dado que se privó a una persona menor de 18 años de edad del cuidado de uno de sus progenitores por razones migratorias. Este hecho da cuenta del irrespeto hacia la familia, la infancia y muy poca sensibilidad social.
En el marco del respeto y las garantías de los derechos de las personas en movilidad humana, y teniendo en cuenta la normativa internacional que rige la materia, desde ARGOS-Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos:
- Exigimos al Reino de los Países Bajos respetar estrictamente todos los derechos humanos de las personas migrantes provenientes de Venezuela que residen en Aruba y Curazao, especialmente en caso que sea procedente su devolución previa decisión emitida por la autoridad competente, adoptada en el marco de un procedimiento que respete el debido proceso y garantías.
- Exhortamos al Reino de Países Bajos a cesar inmediatamente la política sistemática de expulsión masiva de los migrantes venezolanos y venezolanas de las islas de Aruba y Curazao.
- Invitamos al Reino de los Países Bajos a suscribir la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas, como norma mínima de protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes en el mundo.
Referencias
[1] https://oec.world/es/profile/country/abw#:~:text=Los%20principales%20destinos%20de%20la
[2] http://www.caribeinsider.com/es/economia/251