Observar la movilidad humana hacia Europa supone hacer el ejercicio de ver el cuadro general, y luego acercar el foco hacia realidades muy particulares y las dinámicas muy concretas que afectan el día a día. En primer lugar, Europa, y en especial su parte occidental, se ha convertido en un destino migratorio privilegiado del mundo desde mediados del siglo XX, una vez superada la crisis de la postguerra. Más recientemente, los países del sur de Europa también se han convertido en destinos migratorios, así como los lugares de tránsito obligatorio para quienes se desplazan desde África y también desde el Oriente Próximo, Asia Central y Oriental hacia las economías más avanzadas del norte del continente.

Más allá de cómo las diferentes oleadas de migración han podido llegar a Europa, asentarse e integrarse en las comunidades de acogida, preocupa, sobre todo, en qué medida las crecientes restricciones y controles para el ingreso a los países europeos incrementan los riesgos del desplazamiento migratorio a niveles que ponen en riesgo los derechos humanos de los migrantes, con una intención disuasoria de resultados discutibles. Este exceso de restricciones y controles pudiera estar obligando a cada vez más gente a atravesar el mar Mediterráneo en frágiles embarcaciones, cruzar las carreteras europeas en camiones no aptos para el traslado de personas, e incluso abordar contenedores de mercancías, en todos los casos, corriendo grandes riesgos.

Dentro del drama de la movilidad humana en Europa destaca la situación de los refugiados, y las políticas migratorias de la Unión Europea. Una buena parte de las personas que ingresan a Europa buscando refugio lo hacen huyendo de situaciones que han sido acicateadas o directamente provocadas por intervenciones militares de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Tales son los casos de Libia, Siria, Irak y Afganistán, así como otras situaciones políticas complejas.

Si bien es cierto que la mayoría de los países de la Unión Europea han aceptado la puesta en marcha de un mecanismo de cuotas de personas refugiadas, el bloqueo de esta política que han mantenido gobiernos de países como Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, no hacen sino agravar la situación de las personas que quedan confinadas en campos de refugiados que no cuentan con las condiciones mínimas para llevar la existencia con dignidad y respeto por los derechos humanos, particularmente en Grecia.

Asimismo, la pandemia de la COVID-19 no vino sino a agravar la situación de las personas refugiadas y migrantes en varios sentidos. Por una parte, muchos refugios se convirtieron en centros para la propagación del virus, las personas refugiadas y migrantes han sido estigmatizadas como portadoras de la enfermedad y, por si fuera poco, las medidas de confinamiento, así como su impacto económico, han supuesto una merma en la recepción de remesas en los países de origen migratorio, lo cual pudo haber impulsado a muchas personas de aquellas naciones a tomar el camino hacia Europa a finales de 2020, como lo sugiere la reciente crisis de migrantes en las islas Canarias.

Las restricciones adoptadas para contener la pandemia también supusieron el cierre de puertos, motivo por el cual muchas embarcaciones de rescate de migrantes fletadas por distintas ONG europeas se han visto obligadas a esperar semanas para ser aceptadas en algún puerto mediterráneo, con todo lo que ello entraña en materia de suministros, agotamiento, conflictos entre las personas rescatadas, etc.

Otro acuciante problema es el de las personas que se pueden considerar migrantes climáticos, o bien, aquellas que abandonan sus hogares al constatar que el cambio climático no les permite seguir con sus actividades económicas tradicionales, particularmente agrícolas, y que se ven obligadas a buscar su sustento en economías en mejor situación, pero que también suelen ser los países que más contribuyen con el propio cambio climático, debido a sus elevados niveles de consumo de energía y recursos de todo tipo.

Un aspecto especialmente preocupante de las migraciones en general, y las que se dirigen a Europa en particular, es el desconocimiento que tenemos del verdadero número de migrantes cuyos desplazamientos no son detectados por las autoridades, y que posiblemente caigan en manos de mafias que ponen en marcha procesos signados por la explotación, la violencia y el abuso, con las violaciones de los derechos humanos que todo ello supone. Actualmente se asume que unas 110 mil personas cruzan el mar Mediterráneo cada año para llegar a las costas de la Unión Europea, al menos hasta el año 2019, pero desconocemos cuántas pasan sin ser cuantificadas.

La Organización Mundial para las Migraciones ha denunciado el uso de la violencia y prácticas como las expulsiones masivas que son violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos. Si bien no aluden a ningún país en particular, muchas denuncias apuntan a la grave situación que se ha venido registrando en la ruta balcánica.

Asimismo, se ha denunciado que ciertos países establecen mecanismos sutiles para evitar acoger refugiados y migrantes de países de mayoría musulmana, lo cual no puede ser sino calificado como una política discriminatoria por razones de religión u origen nacional.

Una situación especialmente dramática, que debe apelar a las conciencias de los gobernantes europeos, es el tipo de acuerdos, incluido el financiamiento, a las autoridades libias para contener la migración a través del mar Mediterráneo. Como los han venido denunciando los voluntarios de los barcos de salvamento de las ONG que operan en el área, devolver refugiados a un país en guerra es una violación del derecho internacional marítimo, y resulta completamente inaceptable desde el punto de vista humanitario. Las condiciones en las que sobreviven migrantes y refugiados en Libia son completamente inaceptables para los países democráticos. Sin embargo, se consienten las violaciones de los derechos humanos como el precio que hay que pagar para evitar migraciones ilegales hacia Europa.

A pesar de todo este cuadro, también hay espacio para el optimismo. Numerosas organizaciones no gubernamentales hacen grandes esfuerzos por rescatar a migrantes en alta mar, las poblaciones de muchos países están conscientes de la necesidad de prestar ayuda a quienes llegan a sus países, y con frecuencia los sistemas de justicia toman decisiones en favor de los migrantes, teniendo en cuenta sus derechos fundamentales. En el marco de la pandemia, algunos países han optado por tomar medidas en favor de los migrantes ilegales, tales como suspender las deportaciones, o decretar permisos generales de forma temporal. También es cierto que estas medidas se han adoptado en el marco de una creciente preocupación por la posible escasez de trabajadores extranjeros para toda suerte de empleos, pero en particular para aquellos considerados esenciales.

Así tenemos que los retos en materia de migración y refugio en Europa son numerosos, y exigen un abordaje consensuado, coherente, basado en el derecho internacional humanitario y en los derechos humanos, pero sobre todo de un compromiso de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general en favor de la solidaridad y en la asistencia humanitaria.