En Estados Unidos de América (EE. UU.) los crímenes de odio por discriminación racial y étnica vienen en aumento. La población de origen latino ha sido la más afectada. El discurso antiinmigrante del expresidente Donald Trump fue impulsor y corresponsable de la creciente xenofobia hacia la población migrante en general y hacia los migrantes de origen latino en particular. Sin embargo, el discurso antilatino en EE. UU. es de vieja data y se emparenta con políticas racializadas fundacionales de la nación estadounidense, que paradójicamente está conformada en su origen por migrantes.
Las primeras leyes migratorias de EE. UU. dieron prioridad a migrantes provenientes del norte de Europa. En 1790, la Ley de Naturalización otorgaba la ciudadanía estadounidense exclusivamente a las “personas blancas libres”, situación ratificada por el Congreso de ese país durante casi un siglo. Desde entonces las políticas de migración estuvieron fundamentadas por una perspectiva segregacionista, que estableció cuotas de migración “aceptable” (del norte de Europa), en detrimento de otras poblaciones. Aunado a la relación de profundo racismo hacia las poblaciones afrodescendientes e indígenas nativas, atravesada por el colonialismo y sus secuelas de esclavismo y genocidio.
En el siglo XX, la migración a EE. UU. desde América Latina se vio fomentada por programas de captación de mano de obra barata, como por ejemplo el Programa Braceros, que significó la contratación de miles de trabajadores mexicanos del sector agrícola y ferroviario, la mayoría provenientes de las regiones rurales y más pobres de la región. Este programa fue denunciado posteriormente por ser violatorio de los derechos humanos de los trabajadores migrantes que eran explotados laboralmente y hacinados en condiciones deplorables.
Actualmente viven en EE. UU. aproximadamente 12 millones de mexicanos. Un grueso de esta población se dedica, en el mayor de los casos, a diversos trabajos de servicios como limpieza, cuidados de niños, ancianos y enfermos, preparación de alimentos o vigilancia y construcción. El discurso antiinmigrante de Trump atacó con especial saña a la población mexicana, llegando a afirmar que desde México “envían violadores” o gente con “el coeficiente intelectual más bajo”, por lo que se haría necesario “proteger a nuestras familias de aquellos que buscan hacernos daño”, justificando así la construcción del multimillonario muro en la frontera de EE. UU. con México y el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur.
El nacionalismo extremista de Trump avivó la ya instalada xenofobia contra mexicanos y latinoamericanos en general, incluso contra todo aquel que hable español. En las ciudades fronterizas comenzaron a aparecer con más fuerza grupos de odio antiinmigrantes con filiaciones supremacistas y defensoras del uso de la violencia.
En agosto de 2019, en la ciudad de El Paso (Texas), un hombre blanco asesinó a mansalva a 22 personas en un supermercado Walmart, la mayoría latinos. El asesino publicó un comunicado por internet donde afirmaba su intención de combatir la “invasión hispana en Texas”. Este tipo de consignas son frecuentemente emitidas por grupos de odio filonazis cuyo principal motor es la limpieza étnica. Solo en los estados que hacen frontera con la nación azteca donde se concentra la mayor población de origen latino se han identificado más de 150 grupos de odio: California (72 grupos), Florida (68 grupos) y Texas (54 grupos),1 en el resto del país se expresa también la existencia de grupos de odio antiinmigrantes en los estados de Arizona, Virginia, Alabama, Carolina del Norte, Colorado, Nevada, Michigan, Nueva York, Oregón, Washington, Mississippi, Colorado.2
La xenofobia en EE. UU. hacia los latinos sólo es comparable con la que sufren también las poblaciones musulmanas, víctimas de la “cruzada contra el terrorismo”, instalada desde los hechos del 11 de septiembre y azuzada por el entonces presidente George W. Bush. La violencia por xenofobia y discriminación se ha convertido en una lamentable característica de los últimos tiempos en EE. UU., tanto por parte de las fuerzas de seguridad que viene cometiendo sistemáticamente abusos policiales como el que devino en el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd y las consecuentes protestas y movilizaciones multitudinarias en todo el país, como por civiles y grupos de odio que extrañamente son permitidos sin mayores restricciones.
La proliferación de armas en el territorio nacional es parte de este flagelo social que se ha hecho habitual. Desde 1791 está vigente en EE. UU. el libre porte de armas, que según la segunda enmienda de la Constitución reza: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Por su parte, los gobiernos no parecen comprender la magnitud del problema. En diciembre de 2020 Naciones Unidas sesionó para discutir la aprobación de una resolución para “Combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, sólo Estados Unidos y Ucrania estuvieron en contra de esta resolución.3
La recién electa administración Biden-Harris ha manifestado intenciones de mejorar la situación de los migrantes, al menos así lo han expresado públicamente, pero sigue latente el temor entre las personas migrantes ya que bajo las administraciones del partido demócrata el problema se ha mantenido. Un ejemplo de ello sucedió durante la administración Obama, cuando fueron deportados más de tres millones de migrantes indocumentados, al punto de que varios líderes de la comunidad latina se refirieron a Obama como el “Deportador en Jefe”. La mayor cantidad de personas deportadas entonces eran provenientes de México, seguido por los países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.
La pandemia de la COVID-19 ha profundizado situaciones de xenofobia contra la población migrante. Desde expresiones como “el virus amarillo” contra los asiáticos en general, hasta el recrudecimiento de las medidas de seguridad en las fronteras con la excusa de no “dejar entrar” el virus desde el sur (a pesar de que EE. UU. es el país con más casos de contagios y muertes). Al respecto, en diciembre de 2020, Dana Graber Ladek, Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, enfatizó la necesidad de no utilizar la pandemia de la COVID-19 para azuzar la xenofobia y la importancia de velar por el cumplimiento de compromisos adquiridos en este sentido y proteger los derechos humanos de las personas migrantes.4
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es clara en cuanto a la importancia de la raza/etnia como un valor positivo para apalancar el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino de los migrantes, e insta enfáticamente al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes −sea cual sea su estatus migratorio−, de refugiadas y desplazadas.
Referencias
1 Disponible en: https://www.splcenter.org/hate-map
2 Disponible en: https://www.celag.org/cambio-de-gobierno-y-ascenso-de-la-ultraderecha-en-ee-uu/
3 Disponible en: https://www.axency.com/se-niegan-a-combatir-nazismo-discriminacion-y-xenofobia-espana-estados-unidos-y-la-mancomunidad-britanica/17/12/2020/
4 Disponible en: https://www.onu.org.mx/respetar-y-garantizar-los-derechos-de-las-personas-migrantes-en-tiempos-de-covid-19/