Según el Informe sobre las migraciones en el mundo publicado en 2020 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), México constituye “el principal corredor migratorio de país a país de todo el mundo”.1 El territorio mexicano se ha convertido en la principal área de tránsito para migrantes de los países de Centroamérica –entre otros–, especialmente del llamado Triángulo del Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Asimismo, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Centroamérica y México constituyen el mayor corredor migratorio del planeta: “quince millones de personas han seguido esta trayectoria, estimulados por las enormes brechas de productividad y salariales existentes entre los países”.2
Los migrantes indocumentados sufren todo tipo de violaciones de derechos humanos tanto en el tránsito hacia un mejor destino –si logran llegar– o en el trayecto de retorno para su deportación. La situación de “clandestinidad” les hace presa de abusos policiales que van desde hostigamiento, persecución y violencia, hasta la separación de familiares (incluso niños y niñas de sus familias) y la privación de libertad en centros de detención para inmigrantes en la frontera de Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.): las llamadas “hieleras”, celdas con temperaturas muy bajas, o las “perreras”, jaulas superpobladas. En 2019 aumentó 456 % en el número de familias detenidas en la frontera sur de EE. UU.3
En los últimos años, el fenómeno de la migración de Centroamérica al Norte se ha caracterizado por la modalidad de movilización masiva a través de “caravanas” de migrantes que se dan vía terrestre en grandes grupos y suelen convocarse mediante redes sociales. En enero de 2021 se movilizaron en caravana más de 7500 personas, en su mayoría provenientes de Honduras, quienes fueron reprimidas por las fuerzas policiales guatemaltecas. La dispersión violenta de la caravana devino en el regreso de más 3000 migrantes, principalmente a Honduras, mientras otro grupo de migrantes llegó a la zona fronteriza entre Guatemala y México. En la caravana migraban niños, de los cuales, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 80% viajaban no acompañados.4
La construcción de una imagen negativa del migrante es parte del proceso de securitización de las políticas tanto internas como externas de EE. UU., que han desplegado una ingeniería de control sobre las fronteras de la mano de una narrativa que legitima el uso de mayor fuerza policial, la construcción de muros, la instalación de cámaras, la deportación, etc. Esta perspectiva de la migración no la trajo a la palestra Donald Trump, ha sido parte de una política sistemática de militarización y confección de consenso de las distintas administraciones de la Casa Blanca, que colocan al mismo nivel problemáticas como el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la migración, en un ejercicio de criminalización de los migrantes.
La presión del gobierno de EE. UU. a los países de la sub-región se ha concretado en tratados, pactos y acuerdos que obligan a los países a reforzar los mecanismos de seguridad y represión sin atender de manera bilateral los problemas estructurales que generan la migración forzada. Enunciando los acuerdos como parte de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, EE. UU. ha creado programas de financiamiento en materia de seguridad con México y los países del Triángulo Norte, que han devenido en mayores focos de muerte, detenciones y gasto fiscal que pudo invertirse en otras áreas como educación o salud. Tales son los casos de la Iniciativa Mérida y la Iniciativa Centroamericana para la seguridad Regional.
El Plan Frontera Sur, implementado por el Gobierno de México en 2014 a instancias de la administración estadounidense (presidida por Barak Obama), y como continuidad de la Iniciativa Mérida, significó la militarización de la frontera mexicana hasta Guatemala, además de la criminalización de la migración indocumentada. El Plan contempló la contratación de cuadrillas de seguridad privada, vigilancia mediante drones y cámaras instaladas en trenes y sistemas de geolocalización. Bajo este sistema, los migrantes sufrieron mayores situaciones de persecución, detención y deportación. Entre 2014 y 2015 las deportaciones aumentaron de 47,36 % a 96,61 %.
Luego de la estridente modalidad de presión de la administración Trump y el recrudecimiento de medidas antiinmigrantes, el recién electo presidente Joe Biden inauguró su administración con un claro movimiento de distanciamiento de su predecesor, declarando la suspensión de algunas de las medidas más extremas de Trump, como los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que permitían deportar a quienes solicitaran asilos provenientes del Triángulo Norte, o la construcción de un cinematográfico muro entre México y EE. UU. Biden es conocedor del tema, pues durante la administración Obama estuvo a cargo de la iniciativa Plan Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo fue organizar junto a los Gobiernos del Triángulo Norte una respuesta a la crisis migratoria de 2014, con un fuerte incremento de los mecanismos de seguridad y defensa, sin conseguir mayores logros a pesar de una inversión multimillonaria a través del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).5
La migración de centroamericanos responde a un conjunto de condiciones históricas signadas por la colonización y la dominación, lo que ha generado una situación permanente de asimetrías que atraviesan todo el sistema social y económico de la sub-región. La ausencia de políticas públicas que puedan ofrecer condiciones de desarrollo y estabilidad a las familias ha sido el caldo de cultivo de la migración, aunada a la idea del “sueño americano” y la esperanza de conseguir mejores condiciones de vida ante un panorama de desigualdades, desempleo y precariedad generalizada.
La violencia se ha constituido en una de las problemáticas más acuciantes, en tanto la proliferación de armas y pandillas no se ha detenido, más bien ha venido creciendo en el contexto de la pandemia. La emergencia sanitaria ha propiciado a su vez la profundización de la pobreza y la precariedad, el confinamiento ha dificultado el trabajo informal en países cuya mayor fuerza laboral se desempeña de esta manera, a la par de la merma en la recepción de remesas y su consecuente repercusión en la economía de estos países. Otra de las causas de la migración en Centroamérica se debe al cambio climático. A finales de 2020, cientos de familias perdieron sus casas, terrenos y cultivos producto de los huracanes Eta y Iota.
En suma, la falta de perspectivas económicas, la inseguridad alimentaria y sanitaria, la violencia sistémica y los desastres naturales son las principales motivaciones de quienes se ven forzados a migrar al Norte. Los tratados, pactos y programas impulsados históricamente desde EE. UU. han beneficiado mayormente a las élites de la sub-región, sin apalancar transformaciones estructurales en el ámbito social, lo que profundiza la pobreza y la falta de alternativas para las mayorías.
El gran desafío sigue estando en la superación de la lógica de securitización que prevalece sobre las estrategias de desarrollo y solidaridad. La tendencia a responder a las crisis migratorias con mayores medidas restrictivas y de represión debe ser reorientada a la comprensión estructural de las causas de la migración forzada, así como a la asunción de la migración en general como un derecho humano que además aporta riqueza cultural y social a los países destino.
Referencias
1 Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
2 Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44649-desarrollo-migracion-desafios-oportunidades-paises-norte-centroamerica
3 Hines, Barbara. “Las políticas migratorias de Donald Trump”, en Nuso, Nº 284, noviembre-diciembre, 2019. Disponible en: https://nuso.org/articulo/las-politicas-migratorias-de-donald-trump/
4 Noticias ONU. “Niños de la caravana migrante regresan a Honduras heridos y traumatizados”, 21/01/2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/01/1486952
5 Silvina M. Romano, “¿Alianza para la Prosperidad de quién? La integración centroamericana bajo la supervisión estadounidense”, en Cartografías del sur, Nº 3, abril 2, 2016. Disponible en: http://rdd.undav.edu.ar/pdfs/pr74/pr74.pdf