El Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS efectuó este 27 de mayo el foro «Otras miradas a la migración venezolana», durante el cual el filósofo e investigador colombiano Giovanni Libreros analizó la estancia de venezolanos en su país en el contexto de la pandemia y la violencia armada.
En el inicio de la actividad telemática, la moderadora e investigadora de ARGOS, Daymar Martes, indicó que el fenómeno migratorio venezolano en años recientes es inédito, porque históricamente Venezuela ha sido un país receptor de migrantes y refugiados. Además, indicó que la migración voluntaria de retorno a su país de origen pone en entredicho que la categoría de «refugiados» sea la que más se adecúe a la situación de los venezolanos en el exterior, como han sido considerados por gobiernos de países de acogida.
«Desde ARGOS consideramos que la migración venezolana, como todo fenómeno social, es compleja y presenta sus propias especificidades, y hay que abordarla desde un enfoque multidisciplinario y multidimensional», orientó.
El investigador Giovanni Libreros alertó que los migrantes venezolanos conforman la población más vulnerable durante la pandemia en Colombia, en especial quienes se encuentran en situación irregular, que según datos oficiales superan el 65%, que no tienen garantizada su inclusión en los planes de vacunación contra la COVID-19, y su condición social y económica no les permite cumplir con las medidas de aislamiento y buena parte está en condiciones de inseguridad alimentaria, desempleo y pobreza.
Asimismo, agregó que en el marco del conflicto armado y la violencia política, los migrantes venezolanos en la nación neogranadina se exponen a altos riesgos de hostilidad, agresión, estigmatización, persecución por xenofobia, desplazamiento forzado, baja calificación y explotación laboral, y a ser catalogados como amenaza a la seguridad nacional.
Aseveró que el cierre de la frontera decretado por el Gobierno de Colombia como una estrategia de aislamiento al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, «no ha detenido los flujos de ingreso a Colombia y reingreso a Venezuela» mediante pasos ilegales y trochas en la zona fronteriza, que son controlados por redes transnacionales de tráfico de migrantes, muy conectadas con dinámicas de conflictos armados, economías ilícitas y paramilitarismo muy complejas.
La académica estadounidense Adrienne Pine, coautora del libro «Asilo a la venta: Lucro y protesta en la industria de la migración», analizó este fenómeno de movilidad humana en el marco de la política e intento de cambio de régimen que mantienen las administraciones de Estados Unidos sobre Venezuela.
Contrastó el fenómeno de movilidad venezolana con el hondureño, “donde gobierna una narcodictadura impuesta por Estados Unidos” y por esa razón, a los migrantes de este país centroamericano les resulta difícil que las cortes federales de inmigración de EE. UU. aprueben solicitud de asilo; en cambio, los venezolanos lideran la aprobación de solicitud de asilo, “porque Washington y sus países secuaces impulsan una guerra híbrida para dar un golpe al gobierno constitucionalmente electo de Maduro”.
La académica citó el informe de la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, según el cual las sanciones impuestas a Venezuela, entre otras consecuencias, han ocasionado el incremento de la migración en ese país.
Finalmente, concluyó que la política migratoria de Estados Unidos favorece a los ciudadanos de países considerados enemigos estatales, como Venezuela, mencionando que además de tener preferencias en la aprobación de asilo, este año aprobó para los venezolanos un Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que «no es más que otra herramienta para presionar un cambio de régimen y por eso el gobierno de Biden ha abogado tanto para que otros países de América del Sur también otorguen TPS a migrantes venezolanos».