En incumplimiento de las normas de protección de la infancia e inmigración, la policía francesa está expulsando mensualmente a decenas de niños y niñas migrantes no acompañados a Italia, denunció este 5 de mayo Human Rights Watch.
De acuerdo con la información disponible, se trata de una práctica que viene siendo habitual y que suma no menos de 120 casos en lo que va de 2021, aunque viene ocurriendo desde hace varios años.
En febrero de 2021, más de 60 niños y niñas relataron haber sido expulsados de Francia a voluntarios de Kesha Niya, un comedor comunitario de Ventimiglia que ofrece comidas a las personas que han sido devueltas del país europeo.
Para autorizar las devoluciones, según precisó Human Rights Watch, la policía frecuenta anotar en los documentos oficiales edades o fechas de nacimiento diferentes a las declaradas por los niños y niñas.
El historiador Amzat Boukari-Yabara, investigador de ARGOS – Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, advirtió que esta práctica ilegal constituye una violación a la Convención Sobre los Derechos del Niño.
“Desde Argos consideramos que esta situación es contraria al derecho internacional de los derechos humanos, y violatorio del artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por la República Francesa, y por lo tanto absolutamente condenable. De manera que hacemos un llamado por detener esta práctica de forma inmediata”, manifestó al respecto.
En su artículo 22, este instrumento internacional establece que “los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes”.
El Gobierno de Francia, en los últimos años, ha recibido reiteradas advertencias de que las expulsiones transgreden la legislación francesa y el derecho internacional de los derechos humanos.