La Tercera Ley de Newton es categórica: Por cada acción existirá una reacción con la misma fuerza y proporcionalmente opuesta. Así sucede en todos los fenómenos humanos, incluida la política. De cada acción se espera una reacción igual. Hoy en día, el problema es que existen instancias hegemónicas que, al no poder ejecutar acciones que favorezcan sus intereses particulares, por impopulares, antidemocráticas o contrarias al derecho, en consecuencia diseñan “acciones” que justificarán eventuales “reacciones”, las cuales entonces serán aceptadas socialmente como necesarias, esperadas y urgentes.

En el mundo de la geopolítica y de las relaciones internacionales ocurre lo mismo. En los últimos años, Estados dominados por gobiernos de corte neoliberal y nacionalista buscan responder enérgicamente a situaciones que precisamente fueron construidas discursivamente, tanto por ellos mismos como por sus aliados estratégicos, en medios de comunicación y otros espacios de interacción política, como foros internacionales y organismos multilaterales. Una de esas situaciones “creadas”, cuyo propósito oculto es justificar políticas y medidas radicales, es la consideración de la migración masiva como una amenaza a la seguridad nacional de los países receptores. Y la solución propuesta por parte de los Estados es la denominada securitización de la migración.

La representación social de los migrantes como amenaza a la seguridad nacional es resultado directo del proceso de criminalización del cual son objeto. Se trata de una construcción discursiva promovida por aquellos Estados que buscan restringir el ingreso de movilizados de otros países y justificar la enorme cantidad de recursos financieros que se destinan anualmente para diseñar y ejecutar políticas que, ante la opinión pública nacional y mundial, son necesarias para proteger a dichas naciones ante el peligro que representa la migración.

En el libro Pensar las migraciones contemporáneas, coordinado por las investigadoras Cecilia Jiménez Zunino y Verónica Trpin (Teseo, 2021), en el artículo Securitización de las migraciones, firmado por Andrés Pereira y Eduardo Domenech, se establece que el término securitización de las migraciones es una categoría producida “en el marco del proceso de producción política de la migración como asunto de seguridad a nivel internacional y en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios y fronterizos en la zona del Atlántico Norte, tanto en los Estados Unidos y Canadá como en la Unión Europea”.

Los autores advierten que, en América Latina, la aplicación de la securitización de la migración varía de acuerdo a la naturaleza de las políticas migratorias y las formas que ha adoptado la desigualdad y violencia contra los migrantes en cada país o región. “En términos generales, en México y Centroamérica, ha sido utilizada para dar cuenta de la externalización de la política de control fronterizo de los Estados Unidos y de las experiencias de desaparición, secuestro y muerte de migrantes en su itinerario hacia el Norte”.

Pereira y Domenech recalcan que, con algunas excepciones, el uso de la categoría está asociado a los cambios en las políticas migratorias nacionales, especialmente a partir del llamado “giro a la derecha” en la región, con lo cual prevalece un uso genérico del término para denotar esquemas de regulación de la migración asociados a la “seguridad nacional” y vinculados con procesos y prácticas de criminalización de la migración.

Esto recalca la lógica impuesta de acción-reacción para justificar políticas cada vez más duras en materia de seguridad y vigilancia en las fronteras. Es decir, los migrantes son criminalizados (en algunos casos también los grupos de solidaridad que los asisten), por tanto se convierten en una amenaza a la seguridad nacional y, en consecuencia, se justifican las medidas.

Dichas medidas van desde el impulso de una legislación que sirva de marco jurídico para el diseño y ejecución de políticas públicas en materia migratoria, hasta la asignación de recursos financieros que posibiliten los gastos que acarrean la creación de instituciones pública y privadas, la adquisición de equipos de vigilancia, la contratación de personal y la ejecución de prácticas u operaciones como detección, captura y deportación de migrantes. Estas últimas las más criticadas porque, en la mayoría de los casos registrados, limitan o transgreden los derechos humanos de los migrantes.

Como se ha asomado, el caso más sonado y que sirve de ejemplo más palpable de lo que se entiende por securitización de las migraciones es lo que ocurre en la frontera sur de los Estados Unidos, punto de entrada de los intensos y permanente flujos migratorios que, de todas partes del mundo, intentan ingresar a la nación norteamericana.

Una fecha emblemática y que marcó un hito es el 11 de septiembre de 2001. El investigador Javier Treviño Rangel, en su artículo académico ¿De qué hablamos cuando hablamos de la «securitización» de la migración internacional en México?: Una crítica, indica que a pesar de que ya existía dicha práctica, el 9/11 (como los estadounidenses identifican el suceso) justificó ante la opinión pública la facultad de las autoridades “para detener a personas migrantes que no pueden acreditar su estancia legal en el país o para impulsar centros donde se priva de la libertad a migrantes”.

Para los autores, este hecho también inició, como ningún otro, la creencia de que la migración internacional indocumentada es una amenaza para la seguridad nacional y sirvió para que no sólo los EEUU sino también otros Estados –Canadá, por ejemplo- endurecieran radicalmente sus políticas frente a la migración internacional.

De hecho, producto del 9/11, en EEUU se crearon instituciones que hoy en día son los grandes ejecutores de las políticas migratorias más duras en la frontera sur y donde se concentran la mayor cantidad de recursos financieros.

Un presupuesto exponencial

Según un reporte de la agencia de noticias EFE, en 2003 fue creado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el cual actualmente controla y administra un presupuesto de 381.000 millones de dólares, a través de las agencias de vigilancia de fronteras y el manejo de la inmigración.

Un informe divulgado en 2020 por la organización American Immigration Council indica que la ejecución de las leyes de inmigración está a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y del “temido” Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ambas agencias dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y cuya función principal es la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

Según el informe reportado por EFE, el ICE y la CBP emplean actualmente más de 84.000 funcionarios, de los cuales más de 50.000 (55.5%) cumplen tareas específicamente policiales.

Los presupuestos de ambas dependencias han experimentado un crecimiento exponencial desde su creación. Por ejemplo, desde el año 1993, según el informe, “cuando la actual estrategia de vigilancia y control fronterizo se inició a lo largo del límite de México con Estados Unidos, el presupuesto anual de la Patrulla Fronteriza, que es ahora parte de la CBP, aumentó más de 10 veces, al pasar de 363 millones de dólares a casi 4.900 millones de dólares”.

También el gasto previsto para el ICE, entre 2003 y 2020, aumentó de 3.300 millones de dólares anuales a 8.400 millones de dólares. Según el American Immigration Council, los fondos fueron destinados fundamentalmente para “aumentar la capacidad de la agencia para confinar inmigrantes detenidos en sitios en todo el país”.

La importancia de la securitización de la migración en EEUU se refleja no sólo en los fondos destinados al levantamiento de cercas y vallas, tecnología de vigilancia, vehículos aéreos no tripulados (drones) y la construcción de edificios para detenidos, sino también en el incremento de los agentes de la Patrulla Fronteriza, que pasaron de 4.139 a 19.648 en el período fiscal 2019, “aún por debajo de la autorización del Congreso para la contratación de 23.645 agentes”, señala EFE.

¿Continuidad de las políticas?

Seguridad e inversión Es posible que con la salida del republicano Donald Trump de la presidencia de los EEUU se creyera ingenuamente que las políticas de migración se iban flexibilizar, pero no fue así. A pesar de que en su primer día en la Casa Blanca el demócrata Joe Biden revocó el decreto emitido por su antecesor el 25 de enero de 2017 que, entre otros temas, criminalizaba la permanencia indocumentada de migrantes por considerar una amenaza a la seguridad pública y nacional, no obstante reiteró que la política de su administración se enfocaría en proteger la seguridad nacional y fronteriza.

Según un análisis hecho por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), titulado La Doctrina Biden en Centroamérica, las políticas migratorias son un claro ejemplo de la política permanente de los Estados Unidos de securitización de la migración para justificar no sólo políticas de seguridad nacional sino también, y sobre todo, la inversión económica.

“Se supone que Biden apostará por una política migratoria integral, pero que no necesariamente será menos securitizada. La Estrategia Integral para América Central tiene un presupuesto previsto de cuatro mil millones de dólares, obtenidos por fondos del Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional) e inversión del sector privado, así como mayor participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el desarrollo de infraestructura e IED en la región”, reza el análisis del Celag.

Es importante aclarar que IED son las siglas del término Inversión Extranjera Directa, es decir, la intervención económica que hace los EEUU en otros países y en las cuales detentan no sólo la potestad de escoger las empresas (casi siempre asociadas al gobierno de turno) sino también de mantener el control operativo y financiero de dichas inversiones. En otras palabras, la securitización de la migración tiene como trasfondo un interés económico, que es en lo que siempre coinciden demócratas y republicanos.

Por tal razón, Celag advierte en su análisis como el 2 de febrero de 2020, Biden ratificó, por medio de tres órdenes ejecutivas: 1) las medidas migratorias vinculadas a la reunificación familiar, 2) la creación de un marco regional integral para abordar las causas y mejorar la administración de los flujos migratorios desde América del Norte y Centroamérica, y 3) la posibilidad de proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo de quienes migran por la frontera sur de EEUU, pero ese mismo día aclararon que esas acciones no significaban “que las fronteras estén abiertas” sino que eran “un paso más de la estrategia que pretende detener la migración forzada a través de la cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Vemos aquí cómo se sigue asociando la migración con el crimen, en este caso institucional o gubernamental.

A lo largo de la campaña electoral Biden se presentó como contrario a la gestión de Trump en materia migratoria. Sin embargo, fue Obama quien propuso la denominada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica como una salida para la crisis humanitaria producto del incremento de la migración y Biden su principal articulador, reuniéndose intensamente con líderes y funcionarios de los países del Triángulo Norte para redactar y ejecutar las directrices de la Alianza, políticas que eran anunciadas como parte de un plan de seguridad regional pero que significaban también una inversión financiera importante en países de la región mesoamericana.

Es decir, la securitización de la migración en la región centroamericana seguirá presentándose como una reacción, urgente y necesaria, a la amenaza a la seguridad nacional que supone el éxodo masivo de movilizados, pero que en el fondo justifica una importante inversión económica, tanto en el extranjero como en territorio estadounidense, lo que se traduce en beneficios para quienes detentan el poder en la nación del sueño americano.

Por tal motivo, seguramente se mantendrá el discurso de criminalización de los migrantes para seguir legitimando una reacción “con la misma fuerza y proporcionalmente opuesta” en materia de seguridad, eso sí, con altísimas implicaciones financieras y económicas para el gobierno estadounidense de turno.