Índice
Los países poderosos son los más señalados
Tráfico y trata no son lo mismo
La trata como argumento para la criminalización de los migrantes
Multilateralismo contra la trata
De criminalizar víctimas a criminalizar países
Instrumentalización de la trata con otros fines
Un día para la conciencia, no para el ataque
Referencias
Resumen:
- Los países más poderosos siguen siendo los mayores receptores de trata, mientras mujeres, niños, migrantes y personas desempleadas son las poblaciones más afectadas.
- La trata es utilizada como argumento para la criminalización de personas migrantes, así como para la justificación de mil millonarias inversiones en sistemas de vigilancia y espionaje que no solucionan el problema, más bien lo incrementan y coadyuvan a otros fines.
- Urge atender el llamado de la Organización de Naciones Unidas para que los gobiernos se aboquen de inmediato y de manera frontal al problema de la trata de cara a salvar las vidas de millones de personas afectadas.
Introducción
El 18 de diciembre de 2013, durante su 68º Período de Sesiones, la Asamblea General de la Organización de Naciones aprobó la resolución A/RES/68/192, la cual establece que, a partir de 2014, los días 30 de Julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. La elección corresponde a que tres años antes, precisamente ese día de 2010, la ONU aprobó el denominado Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas (64/293).
El propósito no es celebrar un aniversario más del lanzamiento del Plan de Acción Mundial de Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, el objetivo es crear mayor conciencia acerca de la crítica situación que viven las víctimas de la trata de personas, así como promover y proteger sus derechos. La problemática de la trata ha recibido una enorme atención en los últimos años, sin embargo, las soluciones no terminan de construirse, por el contrario, ha sido instrumentalizada para justificar la creación de programas de espionaje, implementados principalmente por las administraciones de EE.UU., lo que no coadyuva a la solución del problema y genera una mayor criminalización de las personas víctimas de la trata, exacerbando los problemas de raíz que conducen a la trata de personas.
Estos últimos años, ante el gran incremento que se ha registrado con el fenómeno global de la movilidad humana, se ha hecho imperativo llamar la atención sobre los compromisos que los Estados miembros asumieron entonces, pues la mayor cantidad de afectados de la trata son migrantes y en una alarmante proporción mujeres y niños. Es decir, las víctimas de la trata de personas son fundamentalmente movilizados de todo el mundo que huyen de sus países de origen debido a la violencia provocada por conflictos bélicos y guerras civiles, o empujados por las severas crisis económicas a consecuencia de bloqueos financieros y comerciales impuestos por otros países.
Según las estadísticas más recientes (2020), el número de niños y niñas víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años y el porcentaje de niños se ha multiplicado por cinco. Estos datos están contenidos en un informe publicado en febrero de 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Una nota periodística de la web de Naciones Unidas sobre dicho informe revela que, de cada 10 víctimas detectadas a nivel global, cinco son mujeres adultas (46% del total de afectados) y dos son niñas (19%). Sólo el 20% de las víctimas son adultos hombres; y el resto, un 15%, son niños.
Sobre las formas de explotación de las víctimas, en su mayoría las niñas son tratadas principalmente con fines de explotación sexual, mientras que los niños son utilizados para trabajos forzados. De hecho, las estadísticas totales son igual de alarmantes. El 50% del total de las víctimas es destinado a la explotación sexual. Mientras que el 38% es dirigido al sector de trabajos forzados y un 6% a la actividad criminal. Los grupos delictivos asociados a la trata destinan el resto (otro 6%) al tráfico de órganos, matrimonios forzados, servicio doméstico, venta de infantes y otras formas de explotación.
Asimismo, establece que sólo en 2018, 148 países “detectaron y denunciaron alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas”. No obstante, aclaran que dada la naturaleza oculta de este delito, el número real de víctimas seguramente es mucho mayor.
Los países poderosos son los más señalados
Según el informe, la región del mundo con el mayor número de víctimas registradas es Norteamérica con 5.735 mujeres, 2.053 niñas, 1.196 hombres y 317 niños. Le sigue el oeste y sur de Europa con 4.388 mujeres, 1.703 niñas, 3.283 hombres y 2.465 niños.
Estas cifras son significativas, pues dejan al descubierto que los países receptores de comercio humano siguen siendo las naciones más poderosas del mundo, las cuales, además, reciben múltiples denuncias por la inacción de las autoridades nacionales ante este flagelo.
En el caso de Estados Unidos, según la agencia de noticias IPS, en un reporte publicado en agosto de 2019, dicha nación “no es una excepción a la práctica de la esclavitud moderna, aunque sea un delito por el cual rara vez es responsabilizado en las Naciones Unidas y otras instancias internacionales”.
Según IPS, en EE.UU. persiste de manera velada una serie de delitos en centros urbanos y localidades fronterizas que incluyen el trabajo forzado de migrantes, la explotación sexual de menores y la servidumbre doméstica, todas éstas tipificaciones de la trata de personas.
Además de recordar los sonados casos del multimillonario Jeffrey Edward Epstein, el cantante R. Kelly, miembros de la realeza británica e incluso congresista estadounidenses involucrados en escándalos de trata de personas con fines de explotación sexual, incluidas menores de edad, el mismo reporte periodístico también recoge las declaraciones de la abogada de derechos humanos y miembro de la ONG Equality Now, Romina Canessa, quien reconoce lo difícil de contar con cifras exactas sobre cuán extendida está la trata sexual en Estados Unidos.
“Sabemos que Estados Unidos es un país de origen, destino y tránsito para la trata. También sabemos que la mayoría de las víctimas de trata son estadounidenses y que la forma más frecuente es la trata sexual de mujeres y niñas”, dijo Canessa a IPS.
En el caso de Europa, según una nota de prensa del Parlamento Europeo, de febrero de 2021, los países de la Unión Europea notificaron, entre 2017 y 2018, 14.145 víctimas de trata de personas, de los cuales el 72 % eran mujeres y niñas. Según un informe de la Comisión Europea, los niños y niñas representaron el 22% del total de las víctimas registradas. Sin embargo, el número real podría ser mucho mayor debido a la falta de datos consistentes y comparables.
Similar a lo reportado en 2020 por la UODC, en Europa más de la mitad de las víctimas registradas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que un 15% para diversos tipos de trabajo forzoso y un 15% fueron dirigidos a otros destinos como mendicidad, extracción de órganos o servidumbre doméstica.
Por tal motivo, en sesión del 10 de febrero de 2021, los eurodiputados exigieron a los países miembros del órgano multilateral normas más estrictas contra la trata y sobre todo penalizar lo que denominaron como el “uso consciente de los servicios sexuales”. También instaron a diseñar medidas más estrictas de protección infantil y la mejora de la protección de los migrantes y solicitantes de asilo, quienes a su juicio corren un especial riesgo de ser víctimas de los traficantes de personas.
Estos dos casos (EE.UU. y Europa occidental), junto a lo contenido por el informe de la UNODC, demuestra que los traficantes de personas se aprovechan de los sectores más vulnerables, como son los migrantes y las personas desempleadas, así como las víctimas de la recesión económica provocada por la pandemia mundial de COVID-19, la cual ha expuesto a más personas al riesgo de la trata.
En ese contexto, la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, hizo un llamado a los países miembros de Naciones Unidas, para diseñar políticas y ejecutar medidas que protejan a las potenciales víctimas de la trata de personas.
“Millones de mujeres, niños y hombres en todo el mundo están sin trabajo, sin escolarizar y sin apoyo social en la continua crisis del COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de trata de personas. Necesitamos acciones específicas para evitar que los traficantes criminales se aprovechen de la pandemia para explotar a los vulnerables”, expresó en un comunicado con motivo del lanzamiento del informe 2020 sobre el tema.
En este sentido, es importante acotar que tales acciones, aparte de buscar y castigar a los traficantes, tendrían que llegar hasta el fondo estructural del problema, deteniendo las políticas que más vulnerabilizan a sectores sociales golpeados y que llevan a muchas personas a ser presa de las redes de trata, y retomando o fortaleciendo programas de protección social, como los programas de seguro social y acceso a servicios médicos –en particular para madres e hijos– en países como los Estados Unidos donde se ha visto una correlación entre el fin de tales programas (empezando con la presidencia de Clinton) y el aumento del tráfico de personas.
Asimismo, una de las causas estructurales que se puede mencionar, tiene que ver con el uso de políticas de coacción económica que conllevan al empobrecimiento, la precarización y la vulnerabilización de la sociedad, como sucede con las medidas coercitivas unilaterales como arma de guerra “suave” internacional, que han contribuído a la trata de personas en países enemigos de los países que las implementan.
Tráfico y trata no son lo mismo
Un tema con el que se suele confundir la trata de personas es el tráfico ilícito de migrantes. Aunque están muy relacionados y ambas prácticas constituyen delitos penados por las legislaciones nacionales y por el derecho público internacional, guardan diferencias que hay que señalar. En lo que sí coinciden, y lo hemos señalado más arriba, es que son los migrantes las potenciales y más recurrentes víctimas en ambas actividades criminales y a los que más se vulneran sus derechos fundamentales.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en un material preparado para su Serie de Módulos Universitarios para la Educación para la Justicia, tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas, a menudo, “son fenómenos superpuestos y correlacionados, que comúnmente existen en un continuum”. Es decir, en muchos casos, el primero precede al segundo.
En el artículo 3 del Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire), se define como tráfico ilícito de migrantes “la contratación, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de otro tipo, de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un ciudadano nacional o residente permanente”.
Asimismo, dicho protocolo penaliza no solo el tráfico ilícito de migrantes, es decir, la facilitación de la entrada ilegal de migrantes a un país con el propósito de obtener algún tipo de lucro, sino también aquellas actividades relacionadas, como permitir la estancia de migrantes por medios fraudulentos o producir, obtener, proporcionar o poseer documentos falsificados o ilegales para permitir el tráfico.
Por su parte, la trata de personas se define en el artículo 3 del Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protocolo contra la Trata de Personas), como “el reclutamiento, transporte, traslado, refugio o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con el propósito de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Como hemos señalado, la coincidencia entre ambas actividades ilegales es que los migrantes son, en su mayoría, sus víctimas potenciales. Por ejemplo, las dos utilizan las mismas rutas y métodos similares de transporte y, en algunos casos, según la UNODC son llevados a cabo por los mismos perpetradores. Generalmente, “las personas que son objeto de tráfico ilícito también pueden ser víctimas de la trata o pueden volverse víctimas durante o después del proceso de tráfico ilícito”.
De hecho, los traficantes de migrantes a menudo negocian con los tratantes de personas, lo cual crea una complejidad que debe ser abordada tanto por los organismos multilaterales como por las autoridades nacionales, siempre resguardando los derechos fundamentales de las víctimas.
La trata como argumento para la criminalización de los migrantes
La situación de vulnerabilidad de las personas movilizadas víctimas de trata de personas se manifiesta de diversas maneras. La vulnerabilidad en sus países de origen puede ser la causa que las lleva voluntariamente a migrar o a ser forzadas a movilizarse a otros países. Pero también puede ser una consecuencia, es decir, por el hecho de ser víctimas de trata pueden ser vulnerados nuevamente sus derechos.
Una de las más significativas formas de vulnerabilidad a posteriori es la criminalización a la que son expuestos, proceso que conlleva a nuevas violaciones de sus derechos como expulsión forzosa, negación del derecho al asilo o encarcelamiento injustificado.
Por ejemplo, en el año 2010, autoridades de Tailandia arrestaron y deportaron a 557 camboyanos indocumentados de Bangkok. Según un informe de la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW) publicado en 2011, “el gobierno había recibido quejas de personas que mendigaban en la ciudad. Los inmigrantes fueron acusados de entrada ilegal y los líderes de pandillas deben enfrentar cargos de trata de personas. En lugar de tener el derecho de reclamar una indemnización por mendicidad forzada o de presentar un caso legal por abuso o trata, los mendigos fueron deportados. Los tres días entre su arresto y la deportación no podían ser suficientes para que los funcionarios de inmigración o los representantes de las ONG tomaran los testimonios de las 557 personas y evaluaran si fueron víctimas de trata. En lugar de recibir asistencia como personas objeto de trata, los camboyanos fueron criminalizados. Por lo cual, tanto los tratantes como las personas objeto de trata fueron considerados criminales”.
Esta situación se repite en zonas de intensa movilidad humana como la frontera sur de los Estados Unidos o el Mediterráneo central, donde, para justificar expulsiones, encarcelamientos o la negación del derecho a asilo, se tiende a criminalizar a los migrantes y a las víctimas de la trata internacional.
Para la UNODC, la solución consiste en la identificación oportuna y efectiva de los migrantes objeto de tráfico ilícito de personas y trata de personas para romper el ciclo de vulnerabilidad, incentivar la cooperación con la justicia y, en última instancia, eliminar progresivamente la capacidad de los traficantes y tratantes de actuar con impunidad.
De criminalizar víctimas a criminalizar países
Peligrosamente vemos en nuestros días un nuevo fenómeno asociado a la trata de personas: la utilización de este fenómeno como argumento de algunos Estados para criminalizar gobiernos de otros países, mediante denuncias inconsistentes.
El propósito es condenar ante la opinión pública internacional y en el seno de organismos multilaterales la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes o trata de personas a naciones que no congenian con los intereses políticos o económicos de los denunciantes, casi siempre países poderosos de la Unión Europea (UE), en el caso de los desplazados del norte de África, y los Estados Unidos de Norteamérica sobre México y, más recientemente, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Según un informe presentado el 1º de julio de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. señaló que Cuba, Nicaragua y Venezuela, “no están haciendo esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas”. Por supuesto, la información fue rápidamente replicada por medios internacionales, agencias de noticias y redes sociales, cumpliendo con su objetivo de darle resonancia a una declaración proveniente del país, precisamente, ubicado en la región que lidera las estadísticas en trata de personas del mundo.
El documento, divulgado por el secretario de Estado, Antony Blinken, indica que hay países que no sólo no contribuyen a reducir el tráfico de personas, sino que, en su visión sesgada, lo patrocinan. En la lista, además de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la completan naciones como Afganistán, Argelia, Myanmar, Comoras, Eritrea, Guinea-Bisseau, Irán, Corea del Norte, Malasia, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Turkmenistán, según una nota de la agencia española EFE.
El mismo reporte periodístico replica las palabras de Blinken sobre Cuba, señalando un supuesto “patrón gubernamental de aprovecharse de los programas de exportación de trabajadores con sólidas señales de trabajos forzados, particularmente en su programa de misiones médicas al extranjero”.
Ese señalamiento contra Cuba ha sido duramente criticado en redes sociales y medios de todo el mundo, pues el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve” realiza un trabajo de solidaridad en todo el planeta, que desde su inicio en 2005 ha sido mundialmente reconocido, sobre todo durante la pandemia mundial del COVID-19, y por el cual ha sido postulado por varias organizaciones al Premio Nobel de la Paz.
La respuesta oficial del gobierno cubano fue inmediata. “Rechazamos en los términos más enérgicos esta campaña difamatoria del Gobierno de EE.UU., promovida de conjunto con los sectores más reaccionarios y corruptos de ese país, incluyendo a grupos extremistas de origen cubano representados en el Congreso por figuras como los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez”, expresó la Cancillería cubana en una declaración.
Asimismo, el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba recalca que el país caribeño ha sido mundialmente reconocido por garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos: “Cuba tiene una política de Tolerancia Cero ante cualquier modalidad de Trata de Personas, y un excelente desempeño en la prevención, el enfrentamiento y la protección a las víctimas, trayectoria que consta en Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales”.
Instrumentalización de la trata con otros fines
La noción de trata se ha utilizado alarmantemente como arma de ataque político, desviando la atención de los sujetos afectados. Un grupo de multiempresas ha recaudado billones de dólares para desarrollar sistemas de ciberseguridad en nombre de detener la trata humana, lo que ha terminado siendo usado como un sistema de vigilancia y espionaje que atenta contra el derecho internacional y las libertades individuales, ya que funciona como ejecución de políticas represivas. Compañías como Palantir, contratista por agencias de defensa e inteligencia, tanto como los gigantes de Wall Street y NSO Group (compañía israelí y creadora del software Pegasus) identifican a sus productos como herramientas en la lucha contra la trata.
También reciben legitimación de grupos anti-trata con ideologías ultraconservadoras como Polaris, financiados por los mismos actores, e incluso los mismos grupos, para justificar la integración de datos de vigilancia electrónica en escala masiva (lo cual se ha utilizado sistemáticamente en contra de leyes que protegen la privacidad, para criminalizar a activistas), y el desarrollo de software de espionaje que luego se ha utilizado en contra de políticos, disidentes, activistas de derechos humanos, periodistas e incluso jefes de estado que aparentemente representan una amenaza a los poderes hegemónicos globales.
Llama la atención que compañías aliadas a gobiernos con un fuerte componente represivo y militar inviertan miles de millones de dólares (de fuentes públicas y privadas) en sistemas de monitoreo y espionaje que, lejos de detener la trata humana, han vulnerabilizado más aún a las personas, las organizaciones y hasta a los países que luchan en contra de las causas de este flagelo.
Multilateralismo contra la trata
Lograr la concreción de un compromiso multilateral fuerte y sostenido contra la trata de personas ha sido, sino imposible, por lo menos algo muy difícil de lograr. La delincuencia transnacional en general y la trata de personas en particular constituyen una realidad compleja que involucra, además de una flagrante violación de los derechos humanos, un movimiento financiero cuantioso que se calcula en varios billones de dólares americanos al año. Esto, aunado a la ininteligible diversidad de intereses políticos y geoestratégicos de naciones o grupos económicos alrededor del mundo, conforman un muro, invisible pero poderoso, que obstaculiza el logro de una acción conjunta, coordinada y multinacional para combatir este flagelo que afecta a millones de personas en el mundo, especialmente a personas desplazadas en varias regiones del planeta debido a crisis políticas y económicas o conflictos armados.
La manifestación más evidente de esta contención velada para no asumir un compromiso firme contra la trata de personas se manifiesta en la dilación o tardanza de los países más poderosos en los procesos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión de los instrumentos que sustentan los mecanismos multilaterales que se han creado para combatir este delito internacional.
Por ejemplo, un antecedente importante fue la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, uno de los primeros esfuerzos de Naciones Unidas, desde su creación en 1945, para frenar una realidad internacional que se estaba complejizando en el período de postguerra. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de este instrumento, el crimen organizado transnacional ideó nuevas y sofisticadas formas para el tráfico de mujeres y niños, fundamentalmente.
Pero no fue hasta diciembre de 2000, 50 años después, cuando 148 países se reunieron en la ciudad de Palermo en Italia, para la firma de la nueva Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Según el documento Guía para el nuevo Protocolo de Naciones Unidas para el Tráfico de Personas, publicado en 2006, de los 148 países presentes, 121 firmaron la nueva Convención Contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sólo unos 80 países refrendaron uno de sus documentos adicionales: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, el cual junto al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, por Tierra, Mar y Aire (presentado y signado en esa misma Convención), sustenta la estrategia del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la Trata de Personas de 2010 y por el que se celebran los 30 de Julio el Día Mundial contra la Trata de Personas.
El estatus de firmas y ratificaciones del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, al 16 de julio de 2021, cuenta con 117 signatarios, según el sitio de Naciones Unidas sobre el estado de los tratados multilaterales.
Es de resaltar que, entre el momento de la firma (año 2000, en su mayoría) al de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión (conceptos diferenciados en el sistema de UN), algunos de los países señalados como principales receptores del tráfico y comercio de personas tardaron entre cinco y seis años para ratificar (Alemania, 6 años), aceptar (Países Bajos, 5 años) o aprobar (Unión Europea, 6 años) el Protocolo.
Junto a algunos países asiáticos, los casos de Alemania y Países Bajos son significativos, pues ya en el año 2006, se advertía sobre la resistencia de estas naciones de adherirse a un Protocolo que afecta la economía que se ha sustentado en el comercio sexual: “Algunos gobiernos y un número de ONG que hacen mucho ruido y que están muy bien financiadas, desean separar el tráfico de la prostitución para evitar el contencioso tema de la legalización/regulación de la prostitución como sector económico y laboral. Países como Holanda y Alemania que han legalizado la prostitución, que han suprimido las leyes anti-proxenetismo, y que virtualmente viven de las ganancias de las mujeres que ejercen la prostitución, han realizado una gran inversión en la industria del sexo. Ellos interpretan el abuso o la explotación de las mujeres en la industria sexual como hechos accidentales, no intrínsecos a la misma prostitución, como si el daño a las mujeres fuera fortuito, secundario o fruto del comportamiento de un proxeneta o de un comprador incorrecto”, indica el documento ya citado Guía para el nuevo Protocolo de Naciones Unidas para el Tráfico de Personas.
En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, el país ratificó el Protocolo en 2005, pero con ciertas reservas que dejan claro que su legislación está por encima de los protocolos multilaterales en la materia, con lo que demuestra su rechazo al multilateralismo como vía de resolver problemas transnacionales.
“Los Estados Unidos de América se reserva el derecho de asumir las obligaciones derivadas de este Protocolo de manera compatible con sus principios fundamentales de federalismo, de conformidad con los cuales deben considerarse las leyes penales tanto federales como estatales en relación con las conductas contempladas en el Protocolo. La ley penal federal de EE.UU., que regula la conducta en función de su efecto en el comercio interestatal o extranjero, u otro interés federal, como la prohibición de la esclavitud y la “servidumbre involuntaria” de la Decimotercera Enmienda, sirve como el principal régimen legal dentro de los Estados Unidos para combatiendo la conducta contemplada en este Protocolo, y es ampliamente eficaz para este propósito”, reza una de las reservas consignadas ante Naciones Unidas.
La inacción de muchas naciones, así como el rechazo al multilateralismo, en defensa de una supuesta búsqueda unilateral de soluciones a un problema que, en esencia, es transnacional, demuestra el doble rasero y la evidente resistencia de algunos países miembros a los insistentes llamados de Naciones Unidas para que se adopte definitivamente una actitud proactiva y realmente comprometida para el combate de la trata de personas, desde una perspectiva multilateral y conforme al derecho público internacional.
Un día para la conciencia, no para el ataque
Esto último nos lleva a recalcar el porqué de la conmemoración del 30 de Julio como Día Mundial contra la Trata de Personas. Como expresamos al inicio, se trata de crear mayor conciencia sobre de la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos, tomando en cuenta la complejidad del tema, los intereses políticos y económicos que están detrás y las estrategias reales para concretar soluciones urgentes.
Ya la Organización de las Naciones Unidas ha hecho el esfuerzo para que esto se lleve a cabo, a pesar de la inacción de muchos países, precisamente, aquellos señalados por las estadísticas como los mayores receptores de víctimas de trata de personas.
Ese esfuerzo, pero también esa crítica, se han visto reflejados en los lemas promocionales de los últimos años en los que se ha conmemorado esa fecha. Por ejemplo, en 2019, se promulgó la frase “Pidamos a nuestros gobiernos que actúen frente a la trata de personas”, en un claro llamamiento a los Estados y sus gobiernos para que actúen, definitivamente y sin dobles raseros o agendas escondidas, para combatir este flagelo que cada día afecta a más migrantes en el mundo entero.
Referencias
(14) Web oficial de Palantir. Disponible en: https://investors.palantir.com/